Citan a declarar a Fabián López e inhiben sus bienes

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El ministro cordobés será indagado por el juez federal Sebastián Casanello. Se investiga el pago de sobreprecios en obras públicas del ministerio de De Vido.

El ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la provincia, Fabián López, fue citado a prestar declaración por el juez federal Sebastián Casanello. El llamado se concretó ayer, luego de que el magistrado hizo lugar al pedido que en junio había realizado el fiscal Federico Delgado.

Según el cronograma de citaciones, el funcionario schiarettista deberá declarar el 7 de diciembre próximo, a las 10. La disposición del magistrado incluye la inhibición de todos los bienes.

López integra un grupo de 28 exfuncionarios K y de directivos de empresas que deberán responder las preguntas de Casanello por la construcción de la planta potabilizadora Paraná de las Palmas, en Tigre, provincia de Buenos Aires. También por las obras de la planta depuradora de líquidos cloacales en Berazategui.

 

En aquel momento, el ahora funcionario schiarettista se desempeñaba bajo la órbita del Ministerio de Planificación Federal que conducía Julio De Vido. Casanello busca determinar si los involucrados participaron de una defraudación al Estado y si incurrieron en el delito de negociaciones incompatible con la función pública.Para el juez, las licitaciones se direccionaron con antelación para beneficiar a los consorcios liderados por Odebrecht y por Camargo Correa. Una vez adjudicadas las obras, los investigadores acusan a AySA de haber inflado el presupuesto sin justificación y de haber demorado los plazos para aumentar los presupuestos de las obras y así beneficiar a las compañías.

 En su resolución, Casanello señala que el monto original era de algo más de 1.838 millones de pesos y que al 12 de julio pasado la planta registraba un total de pagos de 7.197 millones de pesos.

El proyecto se realizó a través de la empresa estatal Aysa. El juez asegura en su escrito que Fabián López y Edgardo Bertolozzi eran titulares de la Agencia de Planificación y debieron supervisar las obras.

La disposición alcanza al expresidente de AySA, Carlos Ben; a su mano derecha, Raúl Biancuzzo; y a los representantes de las empresas Odebrecht, Camargo Correa, Benito Roggio, Esuco, Cartellone, Supercemento y José Cartellone Construcciones, entre otros.

En su resolución, Casanello aseguró: “La hipótesis delictiva se centra en la sospecha de que las personas citadas a prestar declaración indagatoria habrían participado, cada uno desde su lugar, de una amañada adjudicación de las obras de Paraná de las Palmas y del Bicentenario –tanto funcionarios públicos como empresarios– a través del dictado de actos administrativos, diversos contratos y adendas, por los que crearon el ámbito en el que desplegaron las maniobras ilícitas y en perjuicio de la Administración Pública Nacional”.

En junio, cuando se conoció el pedido de indagatoria, López hizo saber a través de sus voceros que en la obra que está bajo la lupa de la Justicia su función era “sólo” de “control técnico” y que no participó del proceso licitatorio. Ayer hubo silencio en el Panal.