La conducción del PJ quiere un congreso para ser ratificada

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Sería el 18 de mayo. Busca la legitimación desde los afiliados. Barrionuevo, por su parte, ya cambió la cerradura de la sede. Ayer, se esperaba el apoyo de los gobernadores, pero sólo estuvo el puntano Rodríguez Saá.

La desplazada conducción del PJ nacional puso en marcha ayer una estrategia bifronte para intentar revertir la resolución de la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini de Cubría, de intervenir al principal partido de la oposición y designar al frente de este al sindicalista Luis Barrionuevo.

Entre otras decisiones, los dirigentes del PJ llamaron a un congreso nacional para el 18 de mayo, con la intención de ratificar a la conducción actual, elegida en 2016 (con mandato hasta 2020).

Ayer por la mañana, a primera hora y ante el juzgado federal de Servini de Cubría en el edificio de Tribunales del Centro porteño, la apoderada del PJ, Patricia García Blanco, apeló la intervención al considerar “político” el fallo de la magistrada.

Servini había respondido favorablemente a un pedido de intervención hecho el lunes por un trío de sindicalistas cercanos a Barrionuevo, entre ellos el triunviro de la CGT Carlos Acuña.“Es un fallo político. No hay razón administrativa para intervenir el partido”, sostuvo la apoderada del PJ, quien además aseguró: “El partido funciona con sus órganos competentes. El fallo habla de elecciones perdidas”.

La apoderada también sostuvo que el fallo fue hecho “a medida de los peticionantes” y destacó que la jueza no le dio vista al fiscal electoral Jorge Di Lello.

Con su resolución del martes, Servini de Cubría dispuso la intervención para la cual designó a Barrionuevo (sin límite de tiempo) para que “produzca los actos necesarios tendientes a la normalización” del PJ.

Para eso, el gastronómico estará acompañado por tres síndicos, uno de los cuales será el dirigente justicialista Julio Bárbaro, mientras que los otros serían un formoseño y un rionegrino, según trascendió de fuentes partidarias.

Anoche, Bárbaro le confirmó a Télam que Barrionuevo lo llamó para consultarle si colaboraría. “Yo colaboro cuando me convocan, no cuando me expulsan”, dijo.

Además, Bárbaro sostuvo: “(José Luis) Gioja era patético, me daba mucha vergüenza”, y añadió: “Es un oficialista crónico: aplaudió a Menem, a Kirchner, y después de esas dos experiencias es un aplaudidor, y eso no le sirve a la política”.

Bajas

Barrionuevo, según un colaborador de él, fue designado por Servini de Cubría después de que otros dos dirigentes (uno de ellos, el exministro del Interior menemista, Carlos Corach) desistieran del ofrecimiento.

La jueza tiene ahora entre tres y cinco días hábiles para pronunciarse sobre si hace lugar o no a la apelación, solicitada con carácter suspensivo. En caso de rechazarla, la conducción del PJ irá en queja a la Cámara Federal Electoral.

Aunque pueda parecer paradójico, es en el frente judicial donde la conducción del PJ tiene mayor expectativa de revertir la intervención. “Porque sus fundamentos son políticos, no jurídicos. Es más probable que los rechacen los camaristas. Sobre todo si tienen en cuenta el alto nivel de rechazo que generó”, dijo a La Voz el titular del bloque del Frente para la Victoria-PJ en Diputados, Agustín Rossi.

A la espera de la llegada de Gioja y de otros dirigentes en la esquina de Matheu y la avenida Rivadavia –a cuadra y media de la sede partidaria que mandó a construir el entonces presidente Carlos Menem–, Rossi consideró que como efecto de ese “alto nivel de rechazo” el bloque justicialista en el Senado, presidido Miguel Pichetto, salió a “desmarcarse” de la intervención, “aunque se tomó un día y medio para expresar su rechazo”.

Rossi pareció así cifrar mayor expectativa en revertir la intervención desde lo judicial, después de tomar nota de la ausencia de gobernadores justicialistas en respaldo a la conducción que encabeza Gioja, con excepción del puntano Alberto Rodríguez Saá.

“El martes a la noche, unos 10 gobernadores le habían confirmado a Gioja que asistirían a la reunión del Consejo Nacional de hoy (por ayer)”, alertó Rossi.

Escenarios

Los escenarios para la réplica política fueron ayer la sede de una agrupación peronista en San Telmo y la esquina de Matheu e Hipólito Yrigoyen, a 30 metros de la sede partidaria. Esta última sin acceso por el vallado que instaló la Policía Federal.

En el primero de esos lugares tuvo lugar una reunión ampliada del Consejo Nacional con la participación de dirigentes, legisladores y sindicalistas. Entre ellos, la intendenta de la Matanza, Verónica Magario; su par de Merlo y titular del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, además de intendentes de partidos del Gran Buenos Aires. Y sindicalistas como Andrés Rodríguez, Antonio Caló, Víctor Santa María, Pablo Moyano y Omar Plaini.

De esa reunión surgió el desconocimiento “por nulo” del fallo de intervención judicial, pero, sobre todo, la decisión política de probar en los hechos la legitimidad de la actual conducción. Y, por eso, se convocó a un congreso nacional del PJ para el próximo 18 de mayo .

Sin posibilidad ni intención de ingresar a la sede partidaria, a la cual la intervención de Barrionuevo ya le cambió la cerradura, Gioja, Magario y Menéndez hablaron desde un palco improvisado en la mencionada esquina. Allí reunidos hubo un millar de personas de los PJ del conurbano, más una columna numerosa de la agrupación Tupac Amaru.

Cordobeses: Sólo el kirchnerismo

En la Unicameral, Unión por Córdoba evitó el tema.

Fueron dos kirchneristas los que ayer, en la sesión de la Unicameral (ver páginas 3 a 5), cuestionaron la intervención al PJ nacional. En sus discursos, Martín Fresneda y Vilma Chiapelllo apuntaron contra Mauricio Macri por la decisión de la jueza María Servini de Cubría.

En cambio, desde Unión por Córdoba, ninguno de sus representantes dijo nada sobre lo que estaba ocurriendo en Buenos Aires con la actual conducción ni sobre el fallo de Servini de Cubría.