La Nación frenó fallo que restablecía las pensiones por incapacidad

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El Ministerio de Desarrollo Social apeló el fallo de la Justicia Federal que ordenaba restaurar las pensiones por discapacidad dadas de baja por la gestión Cambiemos. La justicia otorgó el recurso con efecto suspensivo, por lo que más de 150 mil titulares siguen sin recibir la prestación.

El Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que restituía los beneficios a los damnificados por el recorte de las pensiones por invalidez. A pesar que la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley había asegurado que daría de alta el beneficio a todos los que habían sufrido la suspensión o eliminación, más de 150 mil titulares siguen sin recibir la prestación.

Desarrollo Social restableció hasta el momento la mayoría de las pensiones suspendidas este año, pero dejó sin reponer las quitadas en 2016. Según informaron desde la Fundación Soberanía Sanitaria, con la aceleración del proceso de eliminación y suspensión desde comienzos de 2017, la cifra ascendía a más de 175 mil, de los cuales el 72 por ciento corresponde a casos por invalidez, quienes además deben afrontar gastos de salud y sanitarios de hasta 40.000 pesos mensuales.

La semana pasada, la jueza Adriana Cammarata admitió el pedido de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI ) y ordenó a la Nación a que en forma inmediata restablezca el pago total de las prestaciones no contributivas por incapacidad otorgadas a las Personas con Discapacidad residentes en todo el territorio de la República, que fueron dadas de baja o suspendidas sin mediar resolución fundada previa.

Sin embargo, el Gobierno apeló, la Justicia otorgó el recurso con efecto suspensivo, y la cautelar no se aplicará hasta tanto el tema se trate en la Cámara de Apelaciones.


“Había sido un fallo ejemplificador y bajo duros términos, por lo que no entendemos que ahora acepte la apelación con carácter suspensivo sobre la cautelar”, explicó a Página 12 la abogada de REDI, Varina Suleiman, quien subrayó que es “indignante” que se suspenda la cobertura legal a los damnificados hasta que la Cámara decida sobre el tema.


“La apelación es una clara demostración de la falta de voluntad política de cumplir con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que, bajo el modelo social de discapacidad, reconoce el derecho a la protección social y a la vida autónoma (art. 28 y 19) (…) Esto nos deja sin tutela judicial efectiva y esperamos que llegue a la Cámara de manera urgente, porque se está dilatando el envío”, comunicó la Asociación REDI.