Narcotráfico: desnudan accionar irregular de fuerzas de seguridad

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Una denuncia en la Justicia Federal de Córdoba revela cómo las fuerzas de seguridad estarían protegiendo a 35 narcotraficantes encargados de cocinar y distribuir la cocaína en Córdoba.

A primera vista, un repaso por las causas judiciales de los principales narcotraficantes de la ciudad de Córdoba revela un dudoso y cómplice accionar de la Justicia Federal de Córdoba que con las figuras de “archivo provisorio”; “archivo”; “incompetencia material” o “actualmente investigado” termina exonerando a los principales responsables de la cocción y distribución de cocaína en la ciudad.
Además, en la mayoría de los casos, una vez denunciados los integrantes de este eslabón de la comercialización de la droga, en lugar de ser investigados y procesados por “cocinar” y “distribuir” la cocaína, son girados al fuero provincial por narcomenudeo para atenuar sus causas y sus penas y así continuar con un negocio multimillonario en detrimento de las condiciones de seguridad en las que vivimos como sociedad.
El 28 de diciembre del año pasado, el legislador Aurelio García Elorrio, del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, presentó ante la Justicia nacional una denuncia en la que identifica con nombre y apellido a dieciocho narcotraficantes que cocinan pasta base de cocaína y luego la distribuyen en un millar de kioscos del Gran Córdoba.

La denuncia desnuda una operación en la que participan no más de treinta y cinco personas. Más de la mitad fueron identificadas con información que se recabó durante los últimos seis años a partir de las denuncias de personas provenientes de los barrios del sudeste de la ciudad, quienes se acercaron al legislador provincial hartos de ver la impunidad con la que pasan por la Justicia los principales narcotraficantes.
Un informe oficial de la Fiscalía General de la Cámara Federal de Córdoba revela que los dieciocho identificados pasaron todos por el fuero federal, casi de paseo, antes de obtener el archivo, provisorio o definitivo, de los delitos que se los acusaba, o fueron girados al fuero provincial de lucha contra el narcotráfico, donde obtuvieron los mismos resultados al ser procesados por delitos menores.

Por los tres juzgados federales de Córdoba
Las causas de los señalados como integrantes de uno de los eslabones más importantes del narcotráfico en la ciudad fueron atendidas por los tres juzgados federales: el Juzgado Federal Nº1 a cargo de Ricardo Bustos Fierro, cuyo fiscal Federal es Enrique Senestrari; el Tribunal Federal 2º a cargo de Alejandro Sánchez Freytes cuyo fiscal es Gustavo Vidal Lascano y el Tribunal Federal 3º a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, junto a Graciela López de Filoñuk a cargo de la fiscalía.
Hasta aquí cualquiera podría inferir que la Justicia Federal es el manto de impunidad que permite que el narcotráfico tenga vía libre en nuestra provincia, y si bien en la práctica es así, la cuestión es mucho más compleja y la realidad es casi de ciencia ficción.

Las tres fuerzas de seguridad, en la mira
Los fiscales, encargados de investigar los delitos y los jueces federales responsables de aplicar las penas correspondientes, en lugar de hacer su trabajo, basan sus resoluciones y sentencias en los informes que elaboran las tres fuerzas de seguridad que intervienen en la lucha contra el narcotráfico: Policía Federal, Gendarmería y la Policía Provincial, especialmente la Fuerza Policial Antinarcóticos de Córdoba.
Hilando fino, las fuerzas de seguridad son las que deciden, a partir de sus investigaciones, la suerte de los narcotraficantes en la medida que son el sustento para que, con un trabajo precario, jueces y fiscales exoneren a narcotraficantes. En la denuncia de García Elorrio, se señala que además “existen cajas de malos elementos en las fuerzas de seguridad y quizás de la propia política”.
Según las investigaciones del legislador, que lo llevaron a elaborar un mapa donde se señala con exactitud los kioscos de venta de droga en el ciudad de Córdoba, se trata de un millar de puntos de distribución que son abastecidos por una organización compuesta por treinta y cinco personas que compran la pasta base de cocaína y luego la hacen cocinar.

Un negocio que mueve unos $ 500 millones al mes 
El volumen del negocio es superior a los 500 millones de pesos mensuales, poco más de 6 mil millones de pesos por año. Suficiente dinero para contar con las conexiones necesarias en las fuerzas de seguridad nacional y provincial y así asegurar la continuidad del negocio.
En el informe oficial de la Justicia Federal, donde aparecen “exonerados” los narcotraficantes a través de diversos vericuetos legales, se señala los barrios donde estos desarrollan su actividad y en donde la inseguridad es moneda corriente: Toledo, Maldonado, Ciudad de mis Sueños, Camino a 60 cuadras, San Vicente, San Roque y Ciudad Evita.

De los dieciocho narcotraficantes denunciados por García Elorrio, los juzgados dictaron seis archivos provisorios donde se declararon con incompetencia material y las causas fueron giradas al Fuero Provincial de Lucha Contra el Narcotráfico y se archivaron dos. El Juagado Federal Nº2 dictó cinco archivos provisorios mientras que el restante fue ordenado por el Juzgado Federal Nº1.
Sobre dos de los mayores distribuidores de cocaína cayeron dos procesamientos y un sobreseimiento dictados en ambos casos por el Juzgado Federal Nº1, que además ordenó el archivo definitivo de una de las causas porque las dos personas investigadas ligadas a uno de los narcotraficantes más grandes de Córdoba murieron en el año 2014. El Juzgado Federal Nº2 es el más complicado en el informe oficial, ya que ordenó el archivo provisorio de cinco causas por violación a la ley 23.727 de estupefacientes, que involucraban a los distribuidores de mayor envergadura de la ciudad, declarando su incompetencia material por tratarse, según la Justicia Federal, de delitos menores y, por lo tanto, fueron girados al fuero provincial. Además de éstas, en una sexta causa sólo declaró su incompetencia trasladando la investigación a los tribunales cordobeses.

LO QUE REVELA EL LEGISLADOR GARCÍA ELORRIO

En su denuncia, García Elorrio revela que el narcotráfico “tiene algún tipo de protección de malos integrantes de las fuerzas de seguridad, ya que, pudiendo ser los distribuidores que abastecen al sistema de narcomenudeo, muchas de las causas federales son pasadas al fuero provincial, en el mejor de los casos, y en otras oportunidades se encuentran archivadas, lo que demuestra acabadamente que han estado trabajando las fuerzas de seguridad con una pobrísima inteligencia, por ser generosos en la apreciación”.
Tras seis años de investigación, el legislador provincial señala que el volumen del negocio del narcomenudeo en el gran Córdoba asciende a la suma de 500 millones de pesos mensuales. Este cálculo lo realizó en función de los montos que se secuestraron de los “kioscos” en distintos operativos realizando una proyección de este número al millar que lleva detectado y relevado.
Pero esta suma exorbitante tiene que ser blanqueada de alguna manera. Según el escrito que García Elorrio presentó en diciembre de 2017 esgrime que por encima de los treinta y cinco distribuidores existen “cajas de malos elementos de las fuerzas de seguridad y quizás de la propia política” que hacen circular el dinero a través de “cuevas financieras”.
El listado con los nombres de los principales narcotraficantes de la ciudad de Córdoba, elaborado por el parlamentario que lucha contra el narcotráfico hace lustros, fue puesto en conocimiento hace bastante tiempo al fiscal General de la Provincia, Alejandro Moyano, y a las máximas autoridades de la Policía Antinarcóticos durante las reuniones de control que dicha fuerza realizó en la Legislatura cordobesa. También la información fue remitida a “personal responsable y competente” de la Justicia Provincial, que al tomar conocimiento se reunió con funcionarios de la Justicia Federal y terminó con la elaboración del informe de las causas de los narcos, presuntos encargados de la logística de elaboración y distribución de la cocaína en nuestra ciudad.

La hora de la denuncia
Con este documento en la mano, el legislador García Elorrio se reunió con altos funcionarios de la Justicia Federal de Córdoba, quienes mostraron su sorpresa y su preocupación acerca de la situación al advertir la contrainteligencia que las fuerzas de seguridad realizaban a la Justicia sobre el eslabón más importante de la comercialización de cocaína en Córdoba, que podría llevar a dar con los máximos responsables del narcotráfico.
Esa reunión, a finales del año pasado, terminó originando la presentación de la denuncia para que la Justicia Federal comience a investigar si las fuerzas de seguridad que protegen este accionar delictivo, con dimensiones económicas millonarias, y también pueda abocarse nuevamente a las causas de los narcos detallados en el escrito presentado por el legislador provincial.

“Cajas de malos elementos en la política”
El esquema de la base de la pirámide ascendente del narcotráfico comienza por los consumidores que compran la droga en los más de 1.000 kioscos esparcidos por la ciudad de Córdoba, abastecidos por 35 narcos que gozarían de protección de Gendarmería, las policías Federal y Provincial, desde donde se elaborarían informes de inteligencia para asegurar su libertad y seguir llevando adelante el negocio. Por encima de las fuerzas de seguridad se encontrarían lo que García Elorrio denomina en su denuncia como “cajas de malos elementos en la política”, necesarios e indispensables para poder garantizarles este tipo de protección.
En esta nota no se publican los nombres de los supuestos delincuentes ya que la publicación de los mismos podría entorpecer una investigación penal a partir de la denuncia presentada por el legislador provincial.

El narcotráfico, un problema creciente
Para todos es evidente y una verdad de perogrullo que si se quiere combatir el narcotráfico en serio, el mismo ya no existiría. La penetración de estas bandas, amparadas por el poder, hacen que los ciudadanos vivamos restringidos en guetos a los cuáles no podemos acceder fácilmente.
Los barrios de las clases sociales más vulnerables son prácticamente impenetrables, gobernados por el narcotráfico. Por otro lado, las clases sociales de mayor poder adquisitivo se refugian en countries y barrios cerrados, con fuerte custodia; mientras que la clase media intenta encarcelarse en sus propias casas o departamentos de Córdoba.

Este no es un fenómeno económico, se trata del avance de la inseguridad producida en general por la proliferación del narcotráfico. Basta con ver publicaciones en las redes sociales de los videos de tiroteos nocturnos que se producen a treinta o cuarenta cuadras del microcentro de la ciudad de Córdoba o de los constantes casos de asesinatos por “ajuste de cuentas” perpetrados por el narcotráfico.

Mientras, un legislador en soledad durante seis años pudo recabar la información suficiente para detectar a los principales narcotraficantes de Córdoba y sus puntos de distribución mientras que el estado nacional y provincial, con todos los recursos disponibles destinados a la Justicia, a las fuerzas de seguridad y a los estamentos de gobierno correspondientes, se encargan de que las drogas continúen en las calles de acuerdo a los denunciado por García Elorrio.
Porque más allá de que las fuerzas de seguridad realicen inteligencia en los informes que les entregan a los fiscales y a los jueces, los funcionarios judiciales nacionales y provinciales tienen todas las herramientas para profundizar las investigaciones.

Antes de que Córdoba se transforme en un solo gueto donde los que manden sean los narcotraficantes, como ha ocurrido en muchas ciudades de Latinoamérica, ha llegado la hora de terminar con un negocio que carcome la moral y la vida de miles de cordobeses.