Cambiemos intentará aprobar la Ley de Financiamiento de los partidos políticos

El oficialismo buscará la sanción definitiva en una sesión especial. El macrismo confía en contar con el peronismo no kirchnerista para obtener el quórum necesario y aprobar la norma.     

Diputados by @DiputadosAR

Será la última oportunidad para que el oficialismo pueda aprobar la norma que pretende aplicar en el proceso electoral de este 2019. – Foto: Archivo

Luego de fracasar la semana pasada, el oficialismo intentará reunir quórum con el apoyo de las bancadas del peronismo no kirchnerista para aprobar en el marco de una sesión especial la ley de financiamiento de los partidos políticos.

El recinto se abrirá a las 11 con el proyecto de reforma electoral como único expediente del orden del día, y sólo el kirchnerismo y la izquierda no aportarán quórum ni acompañarán con el voto.

Será, prácticamente, la última oportunidad del oficialismo para que la iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, pueda aplicarse en el proceso electoral de este año.

Se espera que antes de pasar al tratamiento del proyecto, se rinda un homenaje al diputado riojano Héctor Olivares, que murió el domingo último luego de sufrir un ataque a balazos a metros del edificio del Congreso nacional.

Dado que se trata de una iniciativa de naturaleza electoral, requiere para su aprobación de una mayoría absoluta de 129 votos, es decir, la mitad más uno de los integrantes: según las previsiones, Cambiemos no tendría dificultades para reunir ese piso de votos.

El proyecto, que obtuvo dictamen favorable el pasado 25 de abril, es apoyado sin fisuras por el PRO y la UCR, pero la Coalición Cívica votaría en contra del artículo que habilita los aportes privados de empresas. La norma propuesta reforma la ley electoral y habilita las contribuciones de los privados con un tope por empresa del 2% del total permitido por la Justicia para esa campaña.

A su vez, obliga a la bancarización total de los aportes para transparentar su origen y recorrido. En tanto, se propone bajar del 10% al 5% el espacio que los medios audiovisuales deben ceder a los partidos en período de campaña, una medida que se concibió para descongestionar el caudal publicitario que en elecciones anteriores saturaba a las audiencias.

Por otro lado, se busca imponer que el 60% de la publicidad digital sea destinada a medios nacionales productores de contenidos.

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