Cautela en el Panal por expropiación de Vicentin

El gobierno de Schiaretti se mantuvo en silencio sobre el tema que ocupa tapas de diarios y portales web. Las miradas están en los cuatro diputados del PJ que son clave para el quorum en la cámara baja. Alineación con AF y pensamiento económico. Entidades rurales de Córdoba quieren reunión con legisladores nacionales.

Por Bettina Marengo

El gobierno de Juan Schiaretti mantuvo el perfil bajo en relación a la decisión del presidente Alberto Fernández de intervenir y posteriormente expropiar vía ley del Congreso la cerealera Vicentin. Al cierre de esta nota, ningún funcionario de El Panal había salido a fijar postura, ni el mandatario se había expresado vía Twitter sobre la medida del gobierno nacional con más significado político desde su asunción. El ministro de Agricultura, Sergio Busso, estuvo de recorrida por Jesús María y Sinsacate y no respondió al llamado de este medio. Mientras, apenas unas horas después del anuncio, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, manifestó un contundente apoyo a la estatización de Vicentin, cuya sede está en esa provincia. El peronista respaldó explícitamente al interventor Gabriel Delgado, quien en diciembre sonó como ministro de Agricultura de AF. Gustavo Bordet, de Entre Ríos, en la Región Centro que también integra Córdoba, hizo lo propio. El cordobés tiene buena relación con ambos, aunque fue el último en sumarse al tren del albertismo.

Si bien el proyecto de ley ingresará por el Senado (su impulsora parlamentaria es la senadora cristinista y vicepresidente del cuerpo Anabel Fernández Sagasti), el principal escollo del Frente de Todos está en Diputados, donde no tiene quorum ni mayoría propia. Por eso es clave cómo jueguen los cuatro diputados schiarettistas del bloque Cordoba Federal, que está inserto en el interbloque Federal donde conviven con otras fuerzas que tienen mayor o menor distancia al oficialismo nacional. Desde diciembre, los cordobeses votan con el Frente de Todos.

Con harta cautela, los diputados del PJ cordobés esquivaron definiciones. El argumento fue que todavía no se han hablado entre ellos ni con el mandatario sobre el contenido de la ley de expropiación. Lo cierto es que la medida no está en línea, al menos de base, con el pensamiento económico de Schiaretti, quien suele ubicar al Estado en un rol de redistribuidor social pero no de interventor en la economía en general y en las empresas en particular.

Más allá de su línea en economía y de su pregón sobre la “seguridad jurídica”, que la oposición blandirá como argumento para rechazar la iniciativa, el gobernador hoy está alineado ciento por ciento al gobierno de AF por razones económicas y de no aislamiento político. “Hay millones de razones por las que no se puede enojar” con la Nación, deslizó un legislador que responde a AF, en alusión a la negociación de la deuda provincial y a las necesidades financiera del Centro Cívico, que no puede prescindir de los fondos federales. En tal sentido, el voto de los diputados del PJ Córdoba puede estar atravesado por las mismas contradicciones que la eventual ley que grava a las grandes fortunas: no gusta pero se vota igual.

Por otra parte, la expropiación es rechazada por sectores que han sido aliados históricos del PJ provincial desde 1999, pero sobre todo desde 2008, como son las organizaciones rurales. Se trata, desde el punto de vista del sector sojero que Schiaretti ha defendido desde la Resolución 125, de una bomba interventora para el avance del Estado sobre él.

Alfil dialogó con representantes de estas entidades. Con matices, todas reclamaron que el tema Vicentin continúe el camino judicial de la convocatoria de acreedores que se sustancia en el juzgado de Reconquista y resaltaron que varios centenares de acreedores de la firma fundida son productores cordobeses. Pero la cuestión política de fondo es la sospecha del sector agroexportador sobre la calidad de “empresa testigo” que la firma tendría a futuro sobre el mercado de granos y de cambios.

En esa línea, los referentes de la Mesa de Enlace evalúan reunirse pronto con los diputados nacionales de todos los espacios políticos, aunque con el foco puesto en los cuatro del PJ cordobés: descuentan el voto negativo de los referentes de Juntos para el Cambio y lógicamente dan por sentado que los tres del Frente de Todos son votos afirmativos. Eduardo Fernández fue el primero que saludó la medida, que consideró muy positiva, y sostuvo que “para las pymes y los pequeños productores es una buena noticia ya que la existencia de un actor de peso, administrado por el Estado Nacional, otorga previsibilidad al escenario del sector”.

En el Senado, donde el gobierno nacional no tendría problemas en lograr la aprobación de la expropiación, tendrá un papel activo el cordobés Carlos Caserio como titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda por donde pasará la iniciativa. Otra comisión clave es la de Agricultura, que preside el puntano Adolfo Rodríguez Saá. En línea con AF, Caserio sostuvo que se trata de “una medida excepcional, que no marca una tendencia en el gobierno a futuro”. “El Estado trata de rescatar a una empresa muy importante que está quebrada porque ha tenido una mala administración y porque han recibido un festival de créditos que ha usado mal. Estamos preocupados por la situación de la empresa, porque es una gran exportadora, por los 2600 productores a los que les debe plata y por la gente en general”, afirmó el dirigente, quien destacó que “es muy significativo” el apoyo del santafesino Perotti.

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