Ciberpatrullados

Denuncian que las fuerzas de seguridad hacen inteligencia en las redes en plena cuarentena

POR LUCIANA BERTOIA

Todos los días un gendarme tipea saquear, cuarentena y Argentina. Al menos lo hace desde que arrancó el aislamiento social preventivo y obligatorio. El 7 de abril, esa búsqueda arrojó un tuit que había escrito Kevin Guerra, un pibe de 20 años, que estaba cumpliendo la cuarentena en la ciudad de Balcarce con su novia. Ese día había estado usando Twitter para protestar por estar encerrado y al filo de la medianoche se había despachado con un tuit que preguntaba si seguía en pie un saqueo para quienes no habían cobrado el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Una ocurrencia que no causó gracia entre los uniformados. Tendría que haber sido sólo un tuit, pero derivó en una causa penal, notificada por la policía bonaerense, después de que un comandante de Gendarmería –desde Campo de Mayo– enviara un oficio al fiscal de Balcarce.

El caso de Kevin no es el único, pero sorprendió porque sucedió casi en simultáneo con la presentación de la ministra de Seguridad Sabina Frederic ante la comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados. Allí, la antropóloga hizo un pormenorizado relato de las tareas que las fuerzas a su cargo habían estado llevando adelante para asegurar la cuarentena, y había nombrado al ciberpatrullaje para medir el humor social. Ante una pregunta del diputado del PTS/Frente de Izquierda Nicolás del Caño, Frederic aseguró que se trataba de una exploración sobre fuentes públicas y que, en caso contrario, no lo haría. Después, en un reportaje con Reynaldo Sietecase, Frederic concedió que referirse al humor social no había sido una buena idea.

Rápidamente un grupo de diputados de Juntos por el Cambio puso el grito en el cielo y recurrió a la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lo curioso es que Patricia Bullrich, madre del ciberpatrullaje en las fuerzas federales, respaldó la práctica en una entrevista con Radio Con Vos. “En ésta la banco”, terció la actual presidenta del PRO.

Informe de la Gendarmería en el caso Kevin Guerra. Fuente: CELS.

La convocatoria

Diez días después de la intervención de Frederic ante la comisión de diputados, la ministra convocó a un grupo de organizaciones que trabajan con temas de derechos humanos, libertades civiles y comunicación para presentarle un borrador de protocolo para regular el accionar de las cuatro fuerzas federales a la hora de bucear las redes.

Todas las partes coincidieron en que no fue una reunión sencilla. Los dos grandes grupos quedaron entre quienes creen que un protocolo puede servir para salir del paso y quienes entienden que el ciberpatrullaje es, en realidad, una práctica de inteligencia y que debe ser regulada por ley.

Toda una práctica

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) le entregó a Frederic un trabajo con una genealogía del ciberpatrullaje, no muy lejano en el tiempo ni del espectro macrista.

La primera fuerza en patrullar las redes fue la Policía Metropolitana, creada por el mismísimo Mauricio Macri en 2008. Esa misma fuerza fue la que haciendo un “ciberpatrullaje de rutina” el 5 de marzo de 2016 advirtió que una usuaria amenazaba a la hija menor del entonces presidente. Le presentó una denuncia al juez Ariel Lijo y él le pidió que la identificaran. No era una práctica nueva ni reciente. La justicia porteña venía haciéndolo desde hacía tiempo, pero para Bullrich fue una tabla de la cual asirse.  El juez también informó al Departamento de Seguridad Presidencial, de la Policía Federal Argentina (PFA), para que evaluara medidas para resguardar a Macri. Ese Departamento fue el que después se ocupó directamente de denunciar a tuiteros que “agredieran” con sus 140 caracteres al mandatario. Según publicó Infobae, en la era Macri se denunció y detuvo a 68 tuiteros.

En junio de 2016, el Ministerio de Seguridad aprobó un protocolo para ciberdelitos, que estaba principalmente centrado en grooming, y, al año siguiente, la PFA se probó el traje del ciberpatrullaje. En marzo de 2018, Bullrich creó dentro de su propia cartera una Dirección de Investigaciones del Ciberdelito que estaba bajo la órbita del entonces secretario de Seguridad Eugenio Burzaco. En la dirección designaron a Pablo Lázaro, un ingeniero que además cursa la maestría en inteligencia estratégica nacional en la Universidad Nacional de La Plata. Lázaro persistió en las oficinas de Gelly Obes más que Burzaco y Bullrich. Recién en marzo de este año dejó la dirección.

Lo que también quedó fue la resolución 31 del año 2018, que había firmado el propio Burzaco y que habilitaba a las áreas de ciberdelitos de las fuerzas a ocuparse de monitorear una serie de actos ilegales, como venta de armas o drogas por internet o la difusión de mensajes o imágenes que fomenten la explotación laboral o sexual.

Las denuncias

Esa resolución es la que invocan las fuerzas a la hora de presentar las denuncias contra quienes tuitean fórmulas similares al saqueo.  Ésa es la resolución que Frederic quiere modificar con el protocolo que el viernes 17 les presentó a las organizaciones.

Mientras tanto siguen cayendo denuncias en juzgados y fiscalías – tanto federales como locales. En la semana estimaban que serían unas 30 denuncias las que tramitaban en juzgados federales del país presentadas por las fuerzas de seguridad. A eso se le deben sumar las denuncias de las fuerzas federales en la justicia local y, por otro lado, las de las policías locales.

La suerte que corre la denuncia depende del operador judicial. Hay fiscales que ven, como en el caso de Kevin, una amenaza real. Una fiscal federal, por ejemplo, comentó que había recibido una denuncia de Gendarmería por un chico de catorce años que decía que quería saquear el chino del barrio. El tuit tenía un Me Gusta. La fiscal la desestimó.

Por lo que trascendió, no hubo ninguna denuncia de las fuerzas que implicara un peligro real y, además, las presentaciones estuvieron enfocadas a los sospechosos de siempre: jóvenes y pobres.

Las críticas

En la semana que pasó, el Ministerio de Seguridad recibió las respuestas de los expertos al protocolo. Las está analizando mientras los funcionarios apuran consultas con integrantes de la Comisión de Seguridad Interior de Diputados. Es más que probable que haya cambios en el texto, pero que se sostenga la necesidad de contar con un protocolo para regular la actuación de las fuerzas federales.

Algunas organizaciones ya pidieron que se deje sin efecto la propuesta de reglamento, se derogue la resolución 31/2018 y no se les permita a las fuerzas realizar estas tareas hasta en tanto se discuta la cuestión en el Congreso, porque se toca con la ley de inteligencia. Entre ellas, están el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Vía Libre y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED).

“El proyecto de protocolo permitiría ampliar el ciberpatrullaje aún a más supuestos que los habilitados por la resolución de Bullrich, aunque en ambos casos lo que hacen es convalidar lo que las policías ya hacen”, explica Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS.

Las organizaciones sostienen, por ejemplo, que el monitoreo de las redes no es como un policía que recorre la ciudad. En las redes no hay uniformes ni identificaciones. Nadie sabe quién entra a las redes ni por qué puede convertirse en sospechoso. Además, se trata de una práctica de vigilancia masiva, que no es legal en Argentina.

“El ciberpatrullaje es reprimir el malhumor social. Es una forma de reprimir la protesta social en tiempos en que no podemos salir a la calle. Es una forma de vallado al único lugar donde podemos estar. Por ende, se trata de una acción intimidatoria”, dice Beatriz Busaniche, de Vía Libre.

Amnistía Internacional también comparte que el Ministerio no debería continuar con el ciberpatrullaje hasta en tanto no se discuta cómo las fuerzas deben llevar adelante esa práctica.  “Aún con el reglamento propuesto por el Ministerio sobre ciberpatrullaje, de la manera como está redactado —de forma ambigua y dejando un gran margen de discrecionalidad a las fuerzas de seguridad—, las fuerzas quedan habilitadas para realizar tareas de vigilancia masiva sin que exista una hipótesis delictiva previa (o sea, ampliamente y sin que se esté investigando un delito en particular)”, dice Mariela Belski, directora del capítulo local de Amnesty International.

Quién y cómo

En el protocolo no figura cómo se realizaría el patrullaje en las redes. ¿Es una persona o es un programa que hace búsquedas automatizadas? Tampoco se identifica sobre qué redes concretamente se haría. En el juzgado de Luis Rodríguez, por ejemplo, recibieron denuncias sobre publicaciones en Facebook o Instagram. Pero las búsquedas en Facebook pueden no ser todo lo públicas que se pregonan. “La regla de público es —aunque insuficiente— que no haya requisitos de seguridad (clave).  Entonces la mayoría de Facebook no es público”, apunta Damián Loreti.

Una descripción simular surge de un fallo que el año pasado firmó el juez Marcelo Martínez de Giorgi. «Como es común para estos medios electrónicos, para poder operar en Facebook primero se exige a los usuarios que registren una cuenta, a la cual deben asociar una dirección de correo electrónico y un teléfono celular. A partir de allí, se puede interactuar con otras personas, a las cuales pueden vincular su cuenta enviando solicitudes de amistad que si son aceptadas añadirán usuarios a su lista de contactos, o en los términos de esta red “amigos”. Cada vez que un usuario realiza publicaciones, éstas se mostrarán el inicio de pantalla –también llamado “muro”- de las cuentas de todas aquellas personas que los tengan incluidos en su lista de amigos.»

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