El “caso del Gasoducto” en Comodoro Py: el lawfare y el calendario electoral

La obra pública más importante del gobierno de Alberto Fernández fue judicializada. El caso lo instruye el juez Daniel Rafecas e interviene el fiscal procesado Carlos Stornelli, quien tendrá un rol central en el devenir de la investigación. Las medidas que se tomaron y los caminos judiciales que se abren ante un año electoral.

Ari Lijalad – Franco Mizrahi

La oposición y el establishment ya tienen una causa judicial para manipular de cara a las elecciones. Con tres denuncias penales que presentaron este lunes para que se investigue la licitación del gasoducto Néstor Kirchner, la obra pública más relevante de este gobierno, dieron el puntapié para poner en funcionamiento la maquinaria de Comodoro Py. Allí no importan los datos, los documentos o el Código Penal; rigen las operaciones, las tapas de los diarios y el calendario electoral. Ya pasó con Cuadernos, Dólar Futuro, la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, GNL y otras tantas causas, abiertas durante años y luego cerradas por inexistencia de delito. El dispositivo del lawfare -que sigue intacto- podrá estirar este expediente y coordinar su avance con lo que digan las encuestas. Que intervenga el procesado fiscal Carlos Stornelli, aún en su cargo, ya es un indicio. Mauricio Macri tiene además su retaguardia judicial tanto en la Cámara Federal porteña como en la Cámara Federal de Casación Penal, donde la enorme mayoría de los camaristas le responden. Que esté Techint en el medio, que hizo un arte de zafar de sus problemas en tribunales, es otro ingrediente que no se puede menospreciar.

El caso lo tiene en primera instancia el juez Daniel Rafecas. Sabe de estos casos de resonancia política. Le tocó en su momento investigar la denuncia de Nisman, la causa conocida como Memorándum con Irán, que cerró en dos oportunidades. Directamente consideró que no había delito y no abrió el caso. En ambas su decisión fue confirmada por la Cámara Federal porteña (por la antigua conformación, previo a la reestructuración que hizo Macri). Pero luego esa decisión fue revertida en Casación por los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, los que se reunían con Macri en la Quinta Olivos. Finalmente, 6 años más tarde, el Tribunal Oral Federal N° 8 cerró el caso por “inexistencia de delito”. En todo ese período se multiplicaron las operaciones mediáticas. Este recorrido sirve de ejemplo para el posible derrotero de esta nueva causa, donde las palabras corrupción y obra pública tendrán el protagonismo.

De Stornelli a Bruglia, Bertuzzi, Hornos y Borinsky

Un dato a destacar en el caso del Gasoducto es que, hasta el momento, no hay querellantes. Es decir que el impulso penal y las apelaciones están únicamente a cargo del Ministerio Público Fiscal (MPF), que encabeza el interino Eduardo Casal. El fiscal de primera instancia es Stornelli, que tendrá un rol protagónico. No obstante, no es quien está a cargo de la investigación porque Rafecas, en un gesto clave en defensa de la pesquisa, no la delegó. Decidió que él estará a cargo de la instrucción. ¿Qué investiga? Si hubo un direccionamiento de dos licitaciones: la del gasoducto en sí y la de la fabricación de los tubos que se necesitan para la obra.

En ese marco, el juez tomó una serie de medidas entre este lunes y martes. Algunas a pedido de Stornelli. Realizó órdenes de presentación en IEASA, el Enargas y la Secretaría de Energía. En un primer momento, desde el juzgado obtuvieron copia digital de toda la documentación relacionada únicamente a la licitación del gasoducto. Pero no a la de la compra de los tubos con los que se hará la obra pública, que es donde focalizó su crítica el exministro Matías Kulfas. La declaración del exfuncionario nacional es la que provocó esta nueva operación, impulsada desde la oposición.

¿Por qué se hizo foco en un primer momento en la licitación del gasoducto y no en la de los tubos? Desde juzgado explicaron que las denuncias que dieron pie a esta pesquisa (la primera del abogado macrista Santiago Dupuy de Lome a la que se acumularon otras dos) sólo hablaban de la licitación del gasoducto. Y que la fiscalía solo pidió por aquella. Ante el evidente “olvido”, este martes Rafecas ordenó medidas complementarias. “Se dispuso una nueva orden de presentación en la firma IEASA para obtener documentación complementaria, a cumplirse en el día de hoy, relacionada con una segunda licitación (relativa a la compra de caños de tuberías) vinculada con la investigación”, se explicó desde el juzgado.

No fue la única medida que ordenó Rafecas este martes. También citó como testigo a Kulfas para este viernes a las 10. El exministro declarará bajo juramento de decir de verdad. No puede mentir porque si no incurrirá en un delito. El magistrado también convocó para el lunes 13 a Antonio Pronsato, extitular de la unidad ejecutora del proyecto del gasoducto, y ordenó para el martes “una audiencia oral con expertos e idóneos a designar por las 4 empresas que extraen gas en Vaca Muerta (Pluspetrol, YPF, Tecpetrol y Total Austral) para que ilustren al Tribunal acerca de los requerimientos técnicos exigidos para la construcción del gasoducto en cuestión”. El juez parece moverse rápido y busca no dejar cabos sueltos ante la insistencia de la oposición y Stornelli.

En el marco del evento por el 20º aniversario la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, afirmó que en la construcción del gasoducto «no hubo direccionamiento ni corrupción en la adjudicación de la provisión de caños». Es uno de los acusados. Su involucramiento en el caso puede ser determinante para que las ansias de persecución de un sector de la oposición se aplaquen. Se trata de uno de los empresarios más poderosos del país y es factible que más de un magistrado y fiscal no quiera tener problemas con él. La causa de los Cuadernos es un ejemplo de ello: los directivos de esa firma fueron sobreseídos por el juez Julián Ercolini y Stornelli no apeló el fallo por lo que la investigación fue cerrada.

Si en el caso del Gasoducto Rafecas, como hizo en la causa Memorándum, dice rápidamente que no hay delito, lo más probable es que Stornelli apele. Si el fiscal no lo hace, la causa se cerrará definitivamente, lo que no parece ser el objetivo de la oposición. Todo esto puede suceder si Rafecas llega a decidir, ya que una opción es que la oposición lo recuse por tratarse del candidato del presidente Alberto Fernández a Procurador General. De más está decir que si el juez considera que hubo delito, el gasoducto se paralizará y Comodoro Py absorberá la causa por años.

La participación de Stornelli en esta causa es clave. Es la pieza que ante un cierre por inexistencia de delito puede ratificarlo (no apelando, como hizo con los dirigentes de Techint en Cuadernos) y hacer caer la causa; o, por el contrario, puede apelar esa decisión y activar el movimiento de todos los demás engranajes de los tribunales de Retiro para revertir el estado de situación.

Si el fiscal procesado Stornelli apela cualquier decisión de Rafecas entrará en escena la Cámara Federal porteña, la instancia revisora de Comodoro Py, que integran seis jueces, la mayoría vinculada al macrismo: Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, quienes conforman la sala I; y Martín Doctrina Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, quienes integran la sala II.

Bruglia y Bertuzzi fueron designados a dedo y de forma irregular por Macri en el tribunal revisor. Llorens también fue nombrado por Macri y denunciado penalmente por visitar al entonces presidente en la Quinta de Olivos, caso en el que recientemente recibió una falta de mérito. Irurzun es el hacedor de la doctrina del poder residual para poder detener dirigentes kirchneristas en la era macrista. Farah reingresó a la cámara durante la gestión de Alberto Fernández luego de abandonarla por presiones del gobierno cambiemita y su posicionamiento es variante. Boico es el único de estos camaristas designados por Alberto.

El fiscal ante la cámara porteña es José Luis Agüero Iturbe, designado por el Procurador General interino Eduardo Casal. Su rol será semejante al de Stornelli. En su apelación estará el futuro del caso.

Si la causa es revisada por la cámara porteña y su decisión es apelada, el caso del Gasoducto seguirá escalando en la pirámide judicial de Comodoro Py, como lo hizo la causa Memorándum. Y llegará a la Casación, la máxima instancia penal del país, que fue clave para reabrir la denuncia de Nisman. Ese tribunal fue copado por Macri entre 2017 y 2018.

De los actuales 12 miembros de la Cámara de Casación (distribuidos en cuatro salas), Macri nombró a 5: Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo y Carlos Mahiques, éste último directamente a dedo y sin concurso. De los 7 restantes hay 4 que igualmente le responden: Juan Carlos Gemignani (quien tiene múltiples denuncias por violencia de género), Eduardo Riggi (que formó parte del entramado de pago de coimas para direccionar la investigación por el asesinato de Mariano Ferreyra) y los habitués de Macri en Olivos Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. Solo 3 no están alineados con Cambiemos, los camaristas Alejandro Slokar, Ana María Figueroa y Ángela Ledesma. Estos tres están en minoría en cada una de las salas que integran. Entre los fiscales generales que actúan ante este tribunal figura Raúl Plee, también visitante de Macri en Olivos.

Ante este escenario, está claro que para la oposición el negocio político de cara al año electoral era insertar el caso del Gasoducto en el laberinto de Comodoro Py. Todo indica que más allá de la resolución que tome Rafecas, su suerte estará atada a la voluntad del fiscal del lawfare Carlos Stornelli y a los tiempos políticos que administra la mayoría de los integrantes de los tribunales de Retiro.