El Gobierno va por la reforma electoral y la pega al debate de cambios laborales

Al igual que con las otras leyes impopulares o que generaron resistencia en vastos sectores de la sociedad, el presidente Mauricio Macri recurrirá a los gobernadores peronistas para asegurarse los votos necesarios en el Senado y, aunque un poco menos, en Diputados para comenzar el año con las reformas que le quedaron pendientes de ser aprobadas.

Si bien la reforma electoral logró ser aprobada en la Cámara baja, el debate se empantanó en el Senado debido a que algunos de los mandatarios provinciales del justicialismo decidieron no acompañar el voto electrónico debido a que el sistema propuesto por la alianza Cambiemos presentaría ciertas “vulnerabilidades”.

Una de las variantes que estudian en la Casa Rosada para finalmente aprobar la reforma electoral es renunciar al voto electrónico y en su lugar proponer el uso de boleta única en papel. En ese caso, complicarían a quienes rechazan el proyecto oficial por las eventuales fallas en el sistema de votación electrónica. “Los peronistas que se oponen se quedarían sin excusas para no votar el proyecto”, señala un funcionario de Balcarce 50.

No sólo las críticas desde el PJ desalentó la decisión del oficialismo de avanzar con el voto electrónico. También un informe del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) que sostiene que “no es recomendable” que en el corto y mediano plazo se implemente un tipo de votación mediada por máquinas. Aunque el trabajo fue solicitado por el propio Ejecutivo nacional, no fue dado a conocer; sin embargo en noviembre pasado el organismo científico lo publicó a través de su sitio web.

Otro de los puntos que están en duda de la reforma electoral es si se continuarán o eliminarán las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Si bien antes de las últimas elecciones legislativas, desde el ministerio del Interior, que conduce Rogelio Frigerio, estaban decididos a dar por terminadas las internas, ahora estarían dispuestos a darle continuidad, al menos hasta los comicios presidenciales próximos.

Más que la electoral, Macri necesita tener en mano sí o sí la reforma laboral para 2018. Su casi asociación directa a la flexibilización laboral de los años 90 y del gobierno de Fernando De la Rua le hace más difícil conseguir los votos, más aún después del costo político que Cambiemos pagó por la aprobación de la reforma previsional. Como dice una fuente con despacho en la Casa Rosada, “esa fue la principal razón por la que en el Gobierno nacional resolvieron posponer el debate” y pasarlo para febrero o marzo próximo a pesar de que la iniciativa figuraba entre los temas a discutirse en las sesiones extraordinarias de diciembre pasado.

El oficialismo tiene el apoyo del triunvirato de la CGT pero no cuenta con el visto bueno del presidente del bloque de senadores Justicialista, Miguel Ángel Pichetto, un respaldo imprescindible para asegurarle la aprobación.

Esta vez no sólo necesitará del acompañamiento de los gobernadores para convencer al dirigente peronista, sino también de un sector del sindicalismo que se opone a la reforma laboral, entre los que están las organizaciones gremiales nucleadas en la Corriente Federal que conduce Sergio Palazzo; el líder de Camioneros, Pablo Moyano, y las CTA de Hugo Yasky y Pablo Micheli.