Las excusas del interventor del Consejo Escolar de Moreno

El interventor del Consejo Escolar de Moreno, Sebastián Nasif, buscó despegarse de la trágica explosión ocurrida esta mañana en la escuela 49, en la que murieron la vicedirectora Sandra Calamaro y el auxiliar Rubén Rodríguez, al señalar que “en julio se hizo el mantenimiento de todas las estufas de las escuelas de Moreno”, pero no pudo dar mayores precisiones: “Estamos hablando con los contratistas para tener precisiones sobre cuáles fueron los trabajos que se hicieron”. Además, Nasif reconoció que hay tareas de mantenimiento que “no están a nuestro alcance por cuestiones presupuestarias”.

“¿Qué hicieron? ¿Qué matrícula tienen? ¿Quién supervisa? ¿Quién los contrata?”, fueron algunos de las preguntas que arrojó el director de la escuela 49 este mediodía al acercarse para acompañar a la comunidad educativa, a pesar de encontrarse de licencia médica. “Estoy seguro de que ninguna escuela estatal está en condiciones para que los chicos vayan a clase”, sentenció el docente y exigió: “Que la gobernadora se haga responsable”.

Por su parte, Nasif, en diálogo con el portal Nueva BA, intentó blindar su gestión señalando que la estufa que explotó “casi nueva” y aclaró que lo único que precisaba eran “tareas de mantenimiento”, sobre el que no pudo dar precisiones. Al ser consultado por los seis expedientes presentados por la escuela, según denunciaron los gremios docentes, el interventor volvió a ofrecer una respuesta vaga: “En estos días no hubo nada”, dijo.señaló.

El docente nombrado como interventor por el gobierno de María Eugenia Vidal en octubre del año pasado intentó defender su gestión frente al Consejo Escolar de Moreno al subrayar que se realizaron “más de 1000 trabajos”, pero terminó reconociendo las denuncias gremiales por falta de fondos: “El deterioro de los edificios requiere tareas de mayor presupuesto que no están a nuestro alcance por cuestiones presupuestarias.”

Nasif fue designado como interventor a fines de octubre del año pasado a partir de una serie de “anomalías institucionales y administrativas” detectadas en la Auditoría General de la Dirección General de Cultura y Educación, encabezada por Gabriel Sánchez Zini, por un período de 180 días, que fue renovado en mayo. La resolución firmada por el gobierno bonaerense sostenía: “Realizar todas las acciones necesarias para lograr la normalización del funcionamiento del órgano dentro de los plazos establecidos”. Tras la explosión, su trabajo quedó en la mira a partir de la denuncia del intendente local Walter Festa, quien apuntó contra la decisión de la Provincia de intervenir el Consejo.

“(El Gobierno) habla de salarios, de que no queremos dar clases, de que somos vagos. Yo tengo más de 30 años de servicio, acá los docentes faltan muy poco, con jornadas de ocho horas y condiciones mínimas de trabajo. ¿Y la seguridad de los docentes qué?”, denunció el director en la puerta de la escuela.