Las preguntas elementales

No podemos seguir viviendo como si estuviéramos al final de la Segunda Guerra

RICARDO ARONSKIND

Si tomamos un poco de distancia en relación a las novedades políticas y económicas cotidianas, podemos observar un fenómeno sorprendente: en la Argentina nos encontramos discutiendo cuestiones demasiado elementales.

Por ejemplo, si toda la población tiene derecho a comer o no. O por ejemplo: si el Estado Nacional tiene que ejercer la soberanía sobre su propio territorio, o no.

O también, si las leyes son obligatorias o de cumplimiento voluntario.

Discusiones que están absolutamente resueltas en los países que funcionan, sin ningún tipo de distinción ideológica, pero que por factores internos y externos que nos empujaron hacia un retroceso profundo ideológico y cultural, se han vuelto a replantear en nuestro país.

Vayamos a esas preguntas.

La gente tiene que comer: ¿sí o no?

No es un secreto que uno de los puntos más débiles del actual gobierno es su dificultad para controlar la inflación. En particular los precios de los alimentos y medicamentos han sufrido alzas muy por arriba de lo justificable, erosionando la buscada mejora de los ingresos de las mayorías.

Según el Observatorio para el Desarrollo Provincial, los gastos familiares en la canasta básica alimentaria, hace 5 años, equivalían al 26% del ingreso de los trabajadores registrados. Hoy esos mismos gastos equivalen al 33% del ingreso, y continúan subiendo. Hace un quinquenio, la canasta alimentaria era el 80% del salario mínimo. Hoy, esa canasta supera el 100%.

Los alimentos, increíblemente, se van comiendo el poder adquisitivo de la población, espectáculo que parece no generar reacciones significativas ni por parte de las organizaciones que agrupan a los propios afectados, ni por las instituciones que representan al mundo de las empresas vinculadas al mercado interno, también perjudicadas por esta transferencia de ingresos regresiva.

El gobierno del Frente de Todos llevó su pasividad frente a este tema demasiado lejos, y no pudo evitar repercusiones en las recientes elecciones. Ahora parece estar comprendiendo la relevancia de esta cuestión, a pesar de que toda mención al equilibrio social, irrite a las corporaciones empresarias y a su representación electoral, Juntos por el Cambio.

Más allá del discurso y la ideología neoliberal que todo lo impregna, si el mercado no es capaz de generar competencia, ni de beneficiar a los consumidores, debe ser el Estado el que genere las condiciones para que ello ocurra. En la Argentina funciona una rara economía “de mercado” sin mercado competitivo y sin preocupación por los consumidores (siguen arrastrando los pies con el etiquetado frontal). En Argentina son las propias corporaciones los principales obstáculos para que el país se parezca a los admirados países centrales, con su abundante y accesible oferta de bienes y servicios. Para ellas, el negocio es otro.

Dejemos para otra ocasión el debate sobre las causas en nuestro país de las groseras fallas del mercado, que no cumple con su promesa de bienestar y prosperidad.

El problema político hoy es la tendencia distributiva regresiva que impulsan las representaciones empresariales, y que debe ser confrontado con mayor decisión. En estos días se ha comenzado a hablar sobre la posibilidad de poner en marcha una Empresa Nacional de Alimentos. Aún desconocemos las características y el alcance del proyecto, pero entendemos fundamental la diversificación de la oferta, y la ampliación de las posibilidades para que los bienes necesarios le lleguen a todo el mundo.

El enojo ideológico de ciertas cámaras empresariales frente a esta nueva iniciativa refleja el rechazo de sectores rentísticos a que se les impida continuar con la manipulación de los precios y las rentabilidades.

Las leyes, ¿deben ser obligatorias o voluntarias?

En una reciente entrevista por televisión realizada por Gustavo Sylvestre, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, interrogado por el no cumplimiento de la Ley de Góndolas, le señaló al periodista: “Son 4 ó 5 supermercados y actúan según su antojo”.

Pongamos las cosas en su contexto: no nos estamos refiriendo a ninguna transformación estructural en la provisión de alimentos y otros productos básicos, a ninguna nacionalización ni expropiación, que podría encontrar una esperable resistencia en poderes económicos concentrados.

Estamos observando la aplicación de una disposición legal para que haya algo más de competencia en las grandes cadenas de comercialización. Que los consumidores no estén tan a merced de las grandes corporaciones. Que más empresas puedan acercarse con ofertas al consumidor. Se trata de una Ley sancionada por el Poder Legislativo, que no se cumple. Se menciona por la televisión sin ningún tipo de comentario adicional que no se cumple. Las cadenas de supermercados “actúan según su antojo”.

¿Cómo pensar en que se puede limitar el comportamiento dañino de los monopolios –en línea con las ideas del más puro liberalismo económico, el de Adam Smith— si no se logra aplicar siquiera la Ley de Góndolas a 4 ó 5 cadenas de supermercados? ¿Por qué se admite tal grado de incapacidad para hacer cumplir la Ley, cuando todo el sistema político está habitado por abogados, que se supone que entienden la importancia de que exista un ordenamiento jurídico real, y no de mentirita?

Si lo pensamos bien, lo mismo ha ocurrido con el episodio de Lago Escondido.

Hace años que un empresario privado, ciudadano de otro país, ha decidido privar a los ciudadanos argentinos del acceso a una parte del territorio nacional, por la fuerza.

Este hecho insólito ha desnudado el estado de postración en que se encuentran todas las instituciones de la provincia donde se viene perpetrando este reemplazo del estado por actores privados con capacidad de contratar milicias irregulares. Y de alguna forma nos interpela a todos, en cuanto al grado extremo en que se ha debilitado la autoridad del Estado Nacional para hacer cumplir las leyes. ¿Por qué los narcotraficantes no podrían hacer lo mismo?

Desde la Ley de Góndolas hasta el caso del Lago Escondido, pasando por numerosas situaciones de anomia social, el Estado no funciona. Colapsó la autoridad pública, junto con el Poder Judicial.

Da la impresión de que nos encontramos frente a una camada de dirigentes políticos que se han acostumbrado a la impotencia pública y a la docilidad frente a los poderosos, e incluso frente a los no tan poderosos. Cosa que agrava el empoderamiento de quienes ya acumularon demasiado poder.

¿Cómo pensar en este contexto la recuperación del control nacional sobre el Río Paraná, sobre los puertos privados que pueblan sus orillas, sobre la circulación descontrolada de enorme cantidad bienes exportables por esa vía?

¿Cómo pensar en recuperar la soberanía sobre las Islas Malvinas, si no se puede garantizar el ingreso de los ciudadanos argentinos a un lago situado en jurisdicción nacional, y bloqueado por un millonario extranjero que “actúa a su antojo”?

Cristina Fernández de Kirchner mencionó hace ya bastante que había “funcionarios” que no funcionan en este gobierno. Pero nos parece que hoy la situación es mucho más preocupante: hay una tendencia a que todo el Estado no funcione, al menos en sus tareas indelegables de preservar la paz social y la soberanía nacional. El Estado parece disolverse frente a los intereses empresariales o extranjeros.

Hemos llegado casi a un punto cero de autoridad estatal, que debe ser superado. No es gobernable un país de 45 millones de personas en estas condiciones de postración estatal.

Diversificar las relaciones exteriores

Estados Unidos, como fuente principal de los flujos financieros que generan la dependencia argentina, le realiza a nuestro país un reclamo de imposible cumplimiento: que les paguemos los compromisos a sus fondos de inversión, pero cortando a su vez los vínculos con los países con los que se pueden obtener dólares genuinos por exportaciones o inversiones genuinas (no financieras) que aceleren el desarrollo de exportaciones diversificadas.

La propuesta que proviene de la Unión Europea no nos da una salida, sino que agrava el problema: quiere un tratado de libre comercio en el que ellos nos puedan vender de todo tanto en bienes como en servicios, pero que nosotros restrinjamos nuestras exportaciones competitivas de bienes agropecuarios a lo que ellos determinen.

Hace rato que lo que el mundo atlántico le propone a la Argentina es inconsistente con un país que pueda funcionar razonablemente bien.

Esta semana se agregó otro dato en la misma dirección. El Tesoro de los Estados Unidos rechazó la propuesta de un conjunto de legisladores demócratas para que ese país vuelque su peso político en el FMI para que se revisen los sobrecargos en materia de intereses que se le aplican a la Argentina. Esos sobrecargos representan aproximadamente 1.000 millones de dólares anuales adicionales y pretenden cobrarlos por el abultadísimo crédito que fue concedido por el organismo, violando sus propios reglamentos internos, por presión del Presidente Trump.

Que la administración Biden tome esa actitud dañina, muestra la escasa importancia que Estados Unidos le otorga a estabilidad de nuestro país. Frente a una posibilidad concreta de aliviar en alguna medida el cuadro de endeudamiento argentino, la respuesta oficial norteamericana es: NO.

Recordemos que a la Argentina le correspondía recibir, como máximo, cerca de 20.000 millones de dólares, y fue el propio Fondo el que otorgó le 57.000 millones, insistimos, por presión norteamericana. Ahora, una nueva gestión, teóricamente más amigable con el mundo, continúa y convalida la trampa organizada por el tándem Trump-Lagarde-Macri, rechazando un mínimo alivio que no pondría en cuestión los ya pesados compromisos de largo plazo que tenemos con ese organismo.

También trascendió en esta semana que el Fondo pretendería poner un “techo” bajo (2-2,5% anual) al crecimiento argentino mientras se cumpla el acuerdo de facilidades extendidas, por 10 años. Ese bajo crecimiento, puesto como meta, refleja la disputa entre ese organismo, los fondos privados acreedores y las fuerzas productivas argentinas por los dólares que van a entrar en ese período. Cuanto más crezca nuestro mercado interno, más tenderemos naturalmente a importar. Por supuesto que una inteligente política sustitutiva de importaciones podría alivianar mucho este problema, ya que ahorraría dólares generando crecimiento interno.

Pero la sustitución de importaciones choca con la visión de la división internacional del trabajo promovida desde los países centrales, y aceptada por la elite económica argentina. Por eso no aparece en el gran debate nacional ese valioso instrumental, complementando las necesarias políticas exportadoras.

Diversificar las fuentes crediticias y financieras

En la comprensión creciente que vamos teniendo sobre el mega-préstamo de Trump a Macri vía FMI, se va estableciendo que parte de los fondos prestados y rápidamente evaporados fueron para facilitar la salida de los fondos privados de inversión, básicamente norteamericanos, que habían venido a ganar plata muy fácil con el esquema financiero que armaron los economistas macristas. Están los datos en el Banco Central.

Al estallar el esquema prematuramente, y para no tener que asumir gigantescas pérdidas financieras, se les permitió retirar sus fondos de la Argentina –ese sí que fue un operativo “platita”— gracias a la liquidez que envió apresuradamente el FMI. Pero no solo eso: en el documento de “autocrítica” publicado recientemente, el propio Fondo deja clarísimo que no hizo nada para que la Argentina reestructurara sus compromisos externos (dejara de pagarlos transitoriamente y los escalonara en el tiempo) y que controlara los flujos cambiarios (no venderle dólares a cualquier por cualquier razón).

La explicación de todo este comportamiento irregular del FMI es clara: la prioridad era que pudieran salir de la Argentina, recuperando en buena parte sus dólares, los fondos de inversión privados, que tanta influencia tienen sobre todo el sistema político norteamericano y sobre el propio FMI.

El FMI le realizó el cuantioso préstamo al macrismo para reducir notablemente las pérdidas de los “inversores” norteamericanos que vinieron a timbear a la Argentina.

Vale la pena tener claridad sobre este punto, porque el problema no terminó.

Hoy tenemos en nuestro país todavía a dos fondos de inversión muy grandes, Templeton y Pimco, que mantienen tenencias de bonos locales por el equivalente a 3.500 millones de dólares y que son una verdadera pesadilla para el gobierno nacional, dada las escasas reservas que tiene el Banco Central. Estos fondos ejercen presión sobre el dólar CCL para ir saliendo del mercado argentino, lo que mantiene al dólar paralelo muy alto, también en su versión MEP y al muy voluble dólar blue.

Lamentablemente nuestra sociedad no tiene noción sobre cómo entre muy pocos actores –locales y extranjeros— están en condiciones de jugar con la estabilidad cambiaria de la Argentina y con el propio sustento de lxs argentinxs.

Diversificar es la palabra

No podemos seguir dependiendo de las exportaciones de un solo sector, porque eso hace vulnerable a cualquier gobierno a las pretensiones retrógradas de quienes traen las divisas. Tampoco podemos seguir recibiendo financiación exclusivamente de los que han transformado el crédito en un lazo financiero para dominarnos y mantenernos en el subdesarrollo.

Ni tampoco podemos depender de un puñado de monopolios u oligopolios de producción y comercialización para alimentar a 45 millones de habitantes.

Es obligatorio ampliar las opciones disponibles para nuestro país en todos los terrenos, y dejar de estar encajonados en un subdesarrollo que a esta altura de los acontecimientos, tiene un claro componente de intencionalidad política. Se nos exigen políticas para que nos subdesarrollemos.

Dejamos para el final un dato estratégico contundente, para mostrar en qué medida el control ideológico de la derecha local sobre las ideas predominantes nos hace vivir en un mundo del pasado: según datos del World Economic Forum, actualizados con índices del año 2021, hoy la República Popular China produce un valor agregado industrial que equivale a la suma del valor agregado industrial de Estados Unidos, Japón y Alemania juntos. Abrumador.

No podemos seguir viviendo, en ningún sentido, como si estuviéramos al final de la Segunda Guerra Mundial.