Luciana Echevarría: “Las muertes tienen responsables políticos”

La legisladora por el MST en el Frente de Izquierda Unidad, junto a Gastón Vacchiani, Secretario General de la UTS y a Lucrecia Cocha, delegada de la UPC denunciaron hoy penalmente al Gobernador y a su Ministro de Salud por incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros delitos.

Al respecto Echevarría dijo: “La situación de la provincia es dramática, el aumento incesante de los casos y las muertes evidencian que el colapso ya llegó, aunque se nieguen a asumirlo. En ese contexto, la política del gobierno se torna criminal. En su afán de conseguir votos, Schiaretti está arriesgando la vida del conjunto de la población. Y son numerosos los hechos que dan cuenta de incumplimientos sistemáticos de los deberes de funcionario público en los que incurre el gobierno, quizás el más evidente es la presencialidad forzada en las escuelas violando los acuerdos establecidos de acuerdo a ciertos parámetros epidemiológicos, pero también la apertura  de prácticamente todas las actividades económicas no esenciales en el pico máximo de contagios, lo que demuestra que lo único que quiere cuidar el gobierno es el bolsillo de algunos empresarios. La recaudación provincial récord debe destinarse a ayudas sociales para que se pueda volver temporalmente a Fase 1 con contención real a los sectores que lo necesitan.”

Por su parte, el Secretario de la UTS Gastón Vacchiani, agregó: “El equipo de salud está agotado y en una situación dramática. El incremento de camas y la falta de inversión nos obliga, por ejemplo, a tener que elegir a quién darle oxígeno y a quién no. Con ese nivel de tensión es imposible trabajar. Y el Ministro Cardozo reconoce cínicamente que estamos colapsados, pero no hace nada para cuidarnos ni reconocer nuestra labor. Por el contrario, sigue maltratándonos como sucedió recientemente con el intento de traslados compulsivos a los residentes. Tenemos que frenar este desastre y por eso acompañamos esta denuncia”.

AQUI DENUNCIA:

FORMULA DENUNCIA PENAL  – INSTA INICIO DE INSTRUCCIÓN PENAL  – HACE PRESENTE

SEÑOR FISCAL DE INSTRUCCIÓN EN TURNO:

SEÑOR FISCAL DE INSTRUCCIÓN EN TURNO:

ECHEVARRÍA, Luciana DNI 29473738, de 38 años de edad, casada, con domicilio real en calle Nahuel Huapi 3992 del Barrio Las Magnolias de esta ciudad de Córdoba Capital,  correo electrónico luciechevarria@gmail.com, docente del nivel secundario y universitario, actualmente legisladora provincial por el partido político MST – Nueva Izquierda; GASTÓN  VACCHIANI, DNI 26.814.963,  de 42 años de edad, casado, con domicilio real en calle Cerro Los Nonos S/N – Villa el Diquecito – La Calera – Departamento Colón – Pcia. De Córdoba, dirección de correo electrónico gastonvacchiani@gmail.com;  en mi carácter de agente dependiente del Ministerio de Salud – Gobierno de la Provincia de Córdoba cumpliendo funciones en el Hospital Neuropsiquiátrico Provincial, y Secretario General de la UNIÓN DE TRABAJADORES DE LA SALUD (UTS) Inscripción Gremial Nº 1097/07; constituyendo domicilio a los fines de la presente en Av. Colón 207 E.P. (entre piso), Barrio Centro de esta ciudad de Córdoba Capital, por ante el Sr. Fiscal de Instrucción de turno nos presentamos y como mejor proceda en derecho manifestamos:

I. OBJETO:

 Que venimos por la presente a interponer formal denuncia penal a los fines que el Sr. Fiscal de Instrucción, titular de la acción penal pública (art. 71 C.P.), investigue la posible comisión de hechos delictivos de acción pública tipificados en el Código Penal, por parte de las máximas autoridades del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, en particular: el Sr. Gobernador  de la Provincia de Córdoba Juan Schiaretti, el Sr. Ministro de Salud de la Provincia de Córdoba Diego Cardozo y el Sr. Ministro de Educación de la Provincia de Córdoba Sr. Walter Mario Grahovac; más aquellos funcionarios que la instrucción oportunamente determine en virtud de las diligencias probatorias a practicarse.

Todo ello, en función de los hechos y el derecho que seguidamente paso a exponer.

II. HECHOS:

i. Desde el advenimiento de “la segunda ola” del Covid-19 durante este año  2021, nuestra provincia atravesó por diversas situaciones epidemiológico/sanitarias. La experiencia mundial y la evidencia científica, nos preanunciaba de manera inobjetable que la segunda ola tendría mayor poder de propagación y mayor letalidad, afectando inclusive a franjas etarias que en el periodo anterior resultaban menos expuestas, debido a la mutación misma del virus y el consiguiente surgimiento de nuevas cepas (Manaos, Africana, etc).

Esta realidad objetiva que se impone sobre la voluntad de los gobiernos, obliga a los autoridades gubernamentales a tomar las medidas adecuadas destinadas a prevenir el riesgo inminente. Claramente y sin lugar a dudas la primera iniciativa realmente eficaz en este sentido era una vacunación masiva contra el Covid-19. En los hechos, y por las razones que fuere, el prometido plan universal de vacunación anunciado por el Gobierno Nacional no llegó a tiempo para prevenir o proteger ante la llegada de la segunda ola, y estando ya casi a mediados de año el porcentaje de vacunación es realmente ínfimo en relación a lo que se necesita para llegar a la denominada “inmunidad de rebaño” (al menos un 70% de la población vacunada).  

A inicios de este año, el “impase del verano” y las altas temperaturas favorecieron cierta estabilidad epidemiológica en el nivel de contagios, y permitió al sistema sanitario atender la demanda, a pesar de las dificultades. En ese contexto se flexibilizaron profundamente  las limitaciones a la circulación y en general se habilitaron las mayor parte de las actividades que se encontraban suspendidas por la Pandemia.

En el marco de tales circunstancias desde el Gobierno Nacional y en acuerdo con las provincias, se toma la decisión de volver a la presencialidad escolar a partir del 1° de marzo. Ya en el marco del Consejo Federal de Educación, celebrado a mediados del mes de febrero con la presencia de los representantes ministeriales de las 24 provincias, se había acordado el regreso presencial a las aulas, “en todo el país de acuerdo a la situación epidemiológica de cada región y con condiciones de seguridad sanitaria que garanticen el cuidado de la salud, bajo la premisa de que «sin salud no hay presente y sin educación no hay futuro», (https://www.telam.com.ar/notas/202102/544408-trotta-clases-presenciales-consejo-federal-de-educacion-escuelas.html).

Es decir, el Ministerio de Educación Provincial como parte del referido consejo Federal de Educación, se obligó a un regreso a la presencialidad de manera segura y siempre que la situación epidemiológica provincial lo permita. Este compromiso asumido impone una coordinación necesaria entre los principales ministerios involucrados, Salud y Educación fundamentalmente, para adecuar la modalidad escolar a las alertas epidemiológicas.

 La provincia de Córdoba inició un proceso de retorno a la aulas bajo un esquema bimodal (combinando presencialidad con virtualidad) de clases, con un sistema de burbujas, a partir del  el 1° de marzo.

Los hechos posteriores,  y en especial la situación actual, evidenciaron  tanto a nivel nacional como provincial, que ésta decisión política ha tenido un incidencia determinante en el aumento del nivel de contagios por Covid-19, que a partir de finales del mes de marzo (y a diferencia del impase del verano) comienza a crecer de manera acelerada e ininterrumpida.

El 11 de abril el gobierno provincial reconocía la llegada de la segunda ola. La noticias periodísticas dan cuenta de esto: “ … El lunes hubo 11 muertos por Covid-19 y se detectaron 1.279 nuevos contagios. Con el 29% de las camas críticas ocupadas por pacientes con Covid-19, el gobernador Juan Schiaretti anunció hoy que el sistema de salud público y privado sumará 850 nuevas camas para las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de toda la provincia, por lo que Córdoba dispondrá de un total de 3.753 camas para pacientes críticos, de las cuales 1.957 corresponden al sistema de salud privado y 1.796 del sector estatal… A fines de abril o en mayo habrá 850 nuevas camas críticas, 600 del sector público y 250 del sector privado”, anunció Schiaretti junto al ministro de Salud, Diego Cardozo. El mandatario cordobés agregó que “el objetivo que tenemos es que esta segunda ola golpee lo menos posible” y graficó que “en Córdoba se necesitaron 1.715 camas de terapia intensiva en el pico de octubre de 2020, durante la primera ola del Covid, ahora se requerirán por lo menos, más de 3.400 camas de terapia”(  https://www.eldiarioar.com/sociedad/coronavirus/cordoba-limite-covid-19-schiaretti-anuncio-850-nuevas-camas-terapia-intensiva_1_7803029.html)

Para finales del mismo mes los datos oficiales detallaban que la provincia tenía ocupadas 1.182 camas críticas de Covid-19 para adultos, el 40,7% del total disponible https://www.telam.com.ar/notas/202104/552317-cordoba-medicos-coronavirus-restricciones.html. Es decir un aumento de la ocupación de camas críticas disponibles superior al 20% en solo 17 días.

Para el mes de mayo la provincia de Córdoba ya consolida un perfil epidemiológico crítico siendo la provincia con mayor incidencia de riesgo del país, atento los criterios establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación. Además, posee riesgo epidemiológico alto, de acuerdo a los criterios aprobados por el Consejo Federal de Educación. Todos los indicadores -evolución de los casos, niveles de contagio y colapso del sistema sanitario- ponían de relieve la gravedad de la situación, y exigían respuestas acordes por parte de las autoridades provinciales.

A nivel nacional se dicta un confinamiento estricto por nueve días, desde el 22 al 30 de mayo, al que adhiere el Gobierno Provincial. La medida, por su limitación temporal reducida, en general no podría tener un impacto sensible en la disminución de los contagios. En efecto, el día viernes 28 de mayo, con un record de contagios hasta ese momento de 4.854 nuevos casos con 35 muertes, la provincia ratifica su decisión de retornar a la flexibilización a partir del 31 de mayo (https://www.eldiarioar.com/sociedad/coronavirus/record-contagios-cordoba-vuelve-clases-presenciales-reuniones-familiares-oficios-religiosos_1_7983305.html), lo que incluye el regreso a la presencialidad escolar, en todos los niveles, salvo en el secundario donde solo regresan a la presencialidad los conglomerados con menos de 30.000 habitantes. 

En ese momento es donde se evidencia con claridad el obrar antijurídico de los funcionarios a cargo del gobierno provincial, que incumpliendo de manera consciente los compromisos asumidos en el Consejo Federal de Educación y soslayando los indicadores objetivos de alerta epidemiológica, deciden retomar la actividad social con mayor incidencia en la circulación de personas, y por ende más eficaz para la propagación del virus: la presencialidad escolar. Y esto es así porque la actividad áulica presencial genera una alta movilidad de personas, de transporte público, etc., lo cual además se da en un contexto crónico de infraestructura escolar deficitaria y con una importante cantidad de docentes sin recibir las dos dosis de la vacuna. La reapertura en un entorno de alta transmisión comunitaria sin las salvaguardas adecuadas, al contribuir a una alta transmisión comunitaria, también proporciona un terreno fértil para la evolución del virus y nuevas variantes.

ii.  De más está aclarar que el gobierno provincial no puede desconocer el riesgo a la salud y la vida de la población que implica sostener la presencialidad escolar en el marco sanitario en el que la provincia se encuentra.

En efecto, reconociendo la incapacidad del sistema para responder a la creciente demanda por Covid-19,  el 23 de mayo el Ministerio de Salud informa que mediante Resolución N°1065/21, se procedería a refuncionalizar el sistema sanitario público y privado provincial. Cancelando turnos y cirugías programadas (salvo en casos excepcionales) para priorizar la atención del Coronavirus.

Incluso, mediante un memorando interno (04/2021) el Ministerio impuso un traslado compulsivo de los médicos residentes, reubicándolos en el hospital Rawson con el objetivo de intentar contener la creciente demanda de pacientes frente al alarmante avance de la segunda ola de la pandemia de coronavirus. La medida no pudo concretarse ante las protestas del sector y el paro convocado por la asociación gremial interviniente (UTS).

Es decir, el principal responsable de la cartera ministerial de salud de la provincia, asume un papel negacionista frente a la realidad sanitaria provincial: niega un colapso sanitario, pero al mismo tiempo  impulsa medidas y reformas internas que, además de afectar los derechos de los trabajadores del sector, confirman el colapso y a la postre se evidencian impotentes para responder a la demanda.  

Debe resaltarse también el retaceo de la información pública que ha sido denunciada por distintos referentes periodísticos. Ya el 16 de mayo, la periodista Laura Gonzalez denunciaba en su cuenta de twitter “… Desaparecieron las conferencias de prensa semanales. El ministro Cardozo casi ya no habla y los reportes epidemiológicos son cada vez más escuetos, con información superficial y acotada. Se repiten todas las semanas los mismos datos… no conocemos en Córdoba la edad de los fallecidos. Se informan en el parte diario, pero no se consolidan en ninguna parte. No hay una base de datos pública… La Provincia cuenta con una infraestructura sanitaria holgada, pero no se informa cuántos de los internados están en el sector público y cuántos en el sector privado. Tampoco cuántos ocupan camas con patologías prevalentes… Tampoco se informa la edad de los internados y el tiempo promedio de estadía en terapia. Hace algunos meses se presentó un informe detallado, con síntomas y tratamiento, pero no se volvió a publicar nunca más… Todos los días se informan los casos que se reportan en cada ciudad, pero ya no se informa más el acumulado por ciudad. Para saber los casos de una localidad en la última semana, por ejemplo, hay que mirar uno por uno los partes de prensa diarios.”

Resulta sumamente ilustrativa la declaración pública realizada por la Asociación de Clínicas, Hospitales y Sanatorios Privados de la Provincia (ACLISA), afirmando que durante el último fin de semana de mayo la ocupación superó el 95%. El secretario de dicha entidad, Ignacio Escuti,  manifestó respecto a la posibilidad de ampliar la capacidad “… es imposible, sería como comprar aviones y no tener pilotos ni ayudantes de a bordo. El fin de semana la ocupación de las UTI de la capital provincial fue superior al 95%, y algunas al 100%. En el interior provincial es similar, entre 85 y 90%…”. También manifestó que tuvieron que rechazar pacientes que se derivaron al sector privado.

Luego de resaltar que “estamos llenos hace tiempo” señaló a la baja de contagios como condición necesaria para oxigenar un sistema que a esta altura de la pandemia se presenta saturado. (https://canalc.com.ar/clinicas-privadas-de-cordoba-tienen-pocas-camas-criticas-libres/?fbclid=IwAR3EWrGr6hhvsGm1t7idJHVZsVKJ380s4-vuPXQdPLOSZW4XlgRS57UcLsI)

Al 1° de junio, el comunicado oficial del Ministerio de Salud indica un nivel de ocupación del 72,7% en los sectores públicos y privados de la provincia. En la misma fecha fue noticia un nuevo record provincial, 5.133 nuevos contagios de Covid. Es decir, en sólo 24 horas, la provincia mediterránea sumó la misma cantidad de casos que los 5.000 acumulados en los cinco primeros meses de la pandemia, entre el 26 de marzo y el 22 de agosto de 2020.

iii. En este contexto surge evidente desde hace tiempo que la única forma de detener el aumento de los contagios y por ende aliviar el extenuado sistema de salud, es tomar medidas concretas para restringir drásticamente la circulación, y claramente la principal de esas medidas es la suspensión de la presencialidad escolar,  en cuanto la experiencia nos indica que implica una reducción contundente de la actividad social, y por ende limita las posibilidades de circulación del virus.

La demora injustificada de las autoridades provinciales en tomar estas medidas concretas  tiene un correlato trágico: el sistema de salud tendrá que “elegir” quien vive y quien muere.

En efecto ya se conocen los primeros casos en los que se evidencia una imposibilidad concreta del sistema para atender al mismo tiempo urgencias y emergencias, como sucedió con el Sr. Gastón Pavia de 74 años de edad, que murió de Coronavirus en el Sanatorio del Salvador, y que según sus familiares  «murió buscando un respirador» (https://eldoce.tv/sociedad/papa-fallecio-coronavirus-acusa-sanatorio-cordoba-descartarlo-por-gente-mas-joven-ocupacion-camas-respirador_113831).

Esta situación fue incluso preanunciada por diversos especialistas. La prestigiosa revista Nature en una investigación en 226 países sobre las mejores medidas para frenar al COVID, que indica: “el cierre de instituciones educativas es la segunda medida con más impacto para disminuir contagio”. Con un 73% de efectividad, superado solo por la cancelación de reuniones pequeñas, entre las intervenciones gubernamentales no farmacéuticas de control de COVID-19.

La revista The Lancet, en base a un estudio de 131 países, informó que “la reapertura de la escuela, sin una sólida mitigación del COVID-19, corre el riesgo de acelerar la pandemia”. Además, “el cierre y apertura de escuelas tiene un alto impacto disminuyendo y aumentando el COVID”. Y alerta: “la reapertura total en un contexto de alta transmisión comunitaria, también proporciona un terreno fértil para la evolución del virus y nuevas variantes”

Las autoridades provinciales son las responsables de haber llegado a esta situación límite, desoyendo las recomendaciones de expertos, violando los compromisos asumidos en el Consejo Federal de Educación, y distorsionando la información pública para negar el colapso sanitario. Por tal razón, el Ministerio Público Fiscal debe proceder a iniciar el sumario pertinente para determinar la posible configuración de delitos penales de acción pública, en especial aquellos referidos a los deberes y obligaciones del funcionario público y/o los que tutelan la salud pública como bien colectivo.

III. DERECHO – Encuadramiento Penal

La exposición realizada anteriormente, que desde ya no pretende ser exhaustiva, sino mas bien aportar algunos elementos fácticos iniciales que permitan despertar la labor investigativa del órgano estatal competente, a fin de determinar la posible comisión de delitos de acción pública por parte de los máximos responsables del Gobierno de la Provincia de Córdoba, particularmente aquellos individualizados en el punto I de la presente.

 Entendemos que en el sublite los denunciados incurren en una omisión de los deberes y obligaciones que las leyes (tanto de fuente constitucional como infra constitucional) le imponen como funcionarios públicos, al no tomar las medidas urgentes en resguardo de la salud pública que las circunstancias ameritan.

Nuestro CP tipifica estas conductas en los arts. 248 : será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”; y 249: “será reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio”.

Esta figura alcanza al funcionario público que traicionando la confianza depositada en él por el pueblo o por alguno de los poderes públicos emplea la autoridad recibida como instrumento para violar la Constitución o la leyes cuyo guardián celoso debe ser (C.Nac.Crim.yCorr.Fed.,sala 2, 10/7/1987 – Etchebarne, Juan Alfredo, JA 1987-III-232)

   Al respecto la doctrina tiene dicho que el funcionario público (art. 77 CP) debe responder por sus conductas (u omisiones) en ejercicio de sus competencias, cuando aquellas, incumpliendo el bloque de legalidad, generen un daño a terceros, ya por su culpa o negligencia, o por dolo. La responsabilidad será abordada penalmente cuando el sujeto activo, teniendo la posibilidad efectiva de realizar la conducta que la ley ordena, intencionalmente  no la realiza. Este proceder doloso claramente se configura en el caso de marras, no pudiendo las autoridades provinciales esgrimir desconocimiento del estado crítico del sistema sanitario, y desconocer las razones de tal situación extrema para actuar en consecuencia.  

La teoría del «dominio del hecho» que ha sido planteada en el ámbito del derecho penal, implica la atribución de responsabilidad al sujeto que tiene en su universo de competencia la posibilidad de dejar transcurrir, detener o interrumpir el hecho dañoso, ya sea por dolo o culpa. En  el caso de marras, el sujeto activo (los funcionarios públicos) tiene el dominio del hecho, esto significa que en el marco de las competencias que tiene atribuidas por ley se encuentra precisamente la actividad que debe realizar, y que intencionalmente decide soslayar. En este caso, se trata de restringir drásticamente la circulación y suspender la presencialidad escolar, en el nivel que sea necesario para detener la escalada de contagios de Covid-19 y así aliviar el sistema de salud. Cada día que en el gobierno provincial demore esta medidas significará un costo en vidas y salud de la población con miles de damnificados diarios.

Estos delitos tienen como bien jurídico tutelado el correcto funcionamiento de la administración pública. Pero en el caso también se configura una lesión al a la Salud Pública, expresamente tutelada por el Código Penal (art. Cap. IV, Titulo VII, Libro II) como un bien jurídico supra-individual, es decir de carácter colectivo, dentro de la propia seguridad.

Por ello, concurso ideal también se incurre en los delitos contemplados en el art. 202: “será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”; 203:  “cuando alguno de los hechos previstos en los artículos anteriores fuere cometido por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo, se impondrá multa de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) a PESOS CIEN MIL ($ 100.000); si tuviere como resultado enfermedad o muerte se aplicará prisión de SEIS (6) meses a CINCO (5)”.

Por las condiciones particulares de sus autores deberá evaluarse la aplicación de la agravante contemplado en el art. 207 CP (en el caso de condenación por un delito previsto en este Capítulo, el culpable, si fuere funcionario público o ejerciere alguna profesión o arte, sufrirá, además, inhabilitación especial por doble tiempo del de la condena. Si la pena impuesta fuere la de multa, la inhabilitación especial durará de un mes a un año).

 La doctrina en sostiene que la salud pública constituye un interés supra individual, de titularidad colectiva y naturaleza difusa, aunque sería complementaria de la salud personal de cada persona por ser susceptible de fragmentarse en situaciones subjetivas que lo integran (Buompadre)

Constituye un bien jurídico de suma trascendencia porque hace a la seguridad y mantenimiento de la propia sociedad y su desarrollo, presenta contornos también individuales por la propia ligazón con un derecho humano fundamental y personalísimo como es la propia salud de la persona.

El reconocimiento que otorga nuestra Constitución, lo plasma cuando sostiene que la salud es un derecho colectivo, público y social de raigambre constitucional, anclado en el artículo 42 de la Constitución Nacional que reza, en lo pertinente, lo siguiente: “Los consumidores de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, …”

 Como derecho fundamental no solo implica la garantía de acceso a las prestaciones básicas de salud, sino también de su mantenimiento y regularidad a través del tiempo. El principal obligado es el Estado, más aún en los supuestos específicos de protecciones legales que involucran a personas vulnerables tales como los niños, ancianos, etc. (inc. 23, art. 75, CN). Si bien cabe señalar que el derecho a la salud en el texto constitucional no se encuentra sistematizado para un adecuado tratamiento, ya la doctrina y jurisprudencia se pronunciaba como un derecho humano fundamental, un derecho personalísimo con trascendencias en lo colectivo, así también en el artículo Art. 41 se reconoce el derecho de los habitantes (lo que integra a la comunidad) a gozar del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes . La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en Fallos 68:221-1897, habilita directamente al Congreso a incidir incluso en el ámbito de competencias reservadas a las provincias, y sin hesitación se puede afirmar que la salud se encuentra ínsita en el concepto de bienestar general al que refiere la CN, más aún es un parámetro del bienestar y como tal es un bien social, público y colectivo y un corolario del derecho a la vida, a la integridad psicofísica y a la libertad lo mismo que el desarrollo humano solo es posible garantizando el derecho a la salud.

Este breve desarrollo demuestra el reconocimiento de nuestro ordenamiento jurídico respecto a  la importancia que tiene la salud como bien en general y específicamente como bien jurídico objeto de tutela penal.

IV. PETITORIO:

  1. Nos tenga por presentados en el carácter invocado.
  2. Tenga por presentada formal denuncia penal por la posible comisión de delitos de acción pública, en contra del Sr. Gobernador  de la Provincia de Córdoba Juan Schiaretti, el Sr. Ministro de Salud de la Provincia de Córdoba Diego Cardozo y el Sr. Ministro de Educación de la Provincia de Córdoba Sr. Walter Mario Grahovac.
  3. Se dé inicio al sumario y/o  la Investigación Penal Preparatoria pertinente.

PROVEER DE CONFORMIDAD,

SERÁ JUSTICIA.-