Mosquera, otro “bombero” que terminó consumido por la fuerza azul

Mosquera llegó con una orden precisa del gobernador: controlar a la Policía y que la inseguridad no detonara. Al final, no terminó de hacer ni una cosa ni la otra, y se tuvo que ir por la puerta de atrás.

Claudio Gleser

Corría mediados de 2018, cuando el escándalo estalló.

En rigor de verdad, un nuevo escándalo detonaba en el riñón de la seguridad en Córdoba. Y Diego Hak, quien ya había “sobrevivido” a casos de “gatillo fácil” de la Policía y a otros gravísimos episodios delictivos, era eyectado de la Secretaría de Seguridad en medio de un escándalo: su padre quedaba envuelto en una historia de denuncias de coimas con empresarios de la noche.

En medio de aquella brasa, arribó Alfonso Fernando Mosquera, un abogado de segunda línea con apoyo de viejos baluartes del peronismo, como una suerte de bombero.

El gobernador Juan Schiaretti le confiaba la estratégica cartera de Seguridad y elevaba el rango a ministerio.

Durante estos casi 25 años de peronismo en Córdoba, Seguridad fluctuó siempre entre esos dos rangos: ministerio y secretaría.

La diferencia es simple. En términos futbolísticos, un ministerio juega en Primera División; una secretaría pelea por el ascenso y debe rendir cuentas con alguien de más arriba.

Nunca los tiempos son buenos para la Policía, y menos para el ala política que la conduce. No hay éxitos. Y si los hay, se evaporan.

Mosquera llegó con una orden precisa: controlar a la Policía y que el delito no detonara. Al final, no hizo del todo ni una cosa ni la otra, y se tuvo que ir por la puerta de atrás.

El gobernador blanqueó su partida por Twitter. El funcionario ya sabía que debía vaciar la oficina. Ya proyecta cómo será su despacho en la Legislatura, respondiendo a Oscar González.

En estos cuatro años y dos meses, el delito nunca paró en Córdoba. Más bien lo contrario. Es cierto que los homicidios bajaron. Sin embargo, los robos no dejaron de aumentar, y la violencia, de potenciarse.

Córdoba rankea alto en el listado de las provincias más inseguras del país, según informes de la Nación.

Pero el gran karma de Mosquera fue la Policía, su Policía, y por lejos.

Bajo su control directo, la fuerza de azul nunca dejó de cometer escándalos, gravísimos episodios delictivos, y nunca dejó de protagonizar y ejecutar esa maldita violencia institucional.

Los casos de “gatillo fácil” no frenaron. Todo lo contrario.

Y el crimen de Blas Correas demostró lo peor de la Policía: matar y mentir para desviar. Un fétido esquema de viejas épocas, hartamente repetido en democracia.

Desde el Panal, algunos recuerdan la mala Policía cordobesa en época radical. Eso ya no puede ser consuelo.

Mosquera intentó torcer la suerte, su suerte, con una serie de medidas: poner una jefa de Policía, estirar la enseñanza policial y (re) enseñar el uso de las armas. No alcanzó.

2022 lo encontró con un nuevo crimen policial: un muchacho sufrió un brote psicótico y policías lo asfixiaron, para luego mentir en el libro de actas, según la Justicia. Fue en La Falda.

Un alto comisario desplazado por ese caso, como Julio Faría, le enrostró a Mosquera que la Policía no estuviera capacitada ni para disparar. Hace pocas horas, una suboficial por poco no mata a un vecino.

Los robos y los relatos de esas víctimas también provocan un “nocaut” para esta gestión de seguridad.

La Policía y la inseguridad siempre fueron un lastre para el Gobierno. Si lo sabrán otros responsables políticos, como Diego Hak, Walter Saieg, Alejandra Monteoliva, Carlos Massei, Alejo Paredes, Jorge Rodríguez, Aldo Abril, Oscar González, por citar a los de más cartel.

Mosquera se agrega a esa lista de funcionarios que pasaron por ese sillón y la brasa los consumió.

Una brasa que lejos está de quedar en guardia de ceniza para quien llega.