Para Luz y Fuerza, el procesamiento ‘es político’

El gremio confirmó que apelará la resolución de Bustos Fierro; Suárez vinculó el fallo con el “intento de privatización” de Epec por parte de la Provincia

Después de que el juez federal número 1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, dispusiera el procesamiento de la conducción del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, por los presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de activos y defraudación por administración fraudulenta, el secretario general del gremio, Gabriel Suárez, se defendió ayer de las acusaciones y confirmó que apelarán la resolución judicial porque “la pericia contable todavía no comenzó”.

Sobre el particular, el titular de la organización sindical aseguró que pusieron a disposición “estructuras contables importantes para esclarecer cualquier tipo de inconveniente que se genere en base a la pericia”.

Suárez también apuntó contra el gobierno de Córdoba, al considerar que el accionar del juez Bustos Fierro es “netamente político”. “Yo creo que ha molestado mucho que un gremio como Luz y Fuerza no se haya sometido a la intención de privatización (de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba) del gobierno de Córdoba”, observó. Asimismo, afirmó: “Molestó el apoyo de alguna manera al Frente de Todos, a consecuencia del apoyo que tiene nuestra organización sindical referido al proyecto de viviendas en Jardín del Pilar”.

Por su parte, Claudio Orosz, abogado defensor del sindicato, ratificó que “nosotros vamos a apelar porque es increíble que saquen esta resolución cuando ni siquiera ha comenzado la pericia contable pedida por la fiscalía”. En coincidencia con lo expuesto por Suárez, el letrado evaluó que “se siguen basando en la misma denuncia que hizo en su momento la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), y tiene todo un tufillo de oportunismo político en plena campaña”.

Como se recordará, esta causa tuvo su génesis luego de la denuncia presentada por la Procelac, a raíz del informe de inteligencia emitido por la Unidad de Investigación Financiera (UIF), en el que aparecían “movimientos financieros sospechosos”, desde el año 2012, por parte de integrantes del sindicato lucifuercista.