Procesaron a la conducción del Sindicato de Luz y Fuerza

La medida resuelta por el juez Bustos Fierro contra los líderes del gremio de Córdoba es por presunta asociación ilícita, lavado de activos y estafa; les impuso embargos por $ 50 millones

La conducción del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, encabezada por Gabriel Suárez y Jorge Molina Herrera, sufrió ayer un nuevo revés judicial al ser procesada como presunta líder de una asociación ilícita, lavado de activos de origen delictivo y defraudación. Los gremialistas también fueron embargados por 50 millones de pesos en total.

La medida fue resuelta por el juez federal número 1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro (secretaría Penal de Facundo Troncoso) en medio de un voluminoso expediente que comenzó hace dos años con el requerimiento de acción penal impulsado por el entonces fiscal Gustavo Vidal Lascano, hoy jubilado, y proseguida actualmente por el titular de la Fiscalía Federal número 2, Carlos Casas Nóblega.

Los procesamientos son 20 en total. Alcanzan a Fernando Navarro, Alexis Daniel Fidelbo, José Ramón Galván, Oscar Fabio Guzmán, Daniel Edgardo Lozano, Roque Daniel Tapia, Yanina Victoria Molina (hija de Molina Herrera), Justiniano Oscar Arce, Fernando Delfor Delgado, Gisela Dalinda Tahan, Liza Rocío Loyola, Rita Ivana Carranza, Juan Bernardo Benito Farías, Valentín Figueroa y Cecilia Ivone Pérez. Se incluyó en la nómina además a Enrique Lorente, Emilio Ricardo Chaer y Martín López.

Cheques y Procelac

La causa tuvo su génesis luego de la denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a raíz del informe de inteligencia emitido por la Unidad de Investigación Financiera (UIF), en el que aparecían “movimientos financieros sospechosos”, desde el año 2012, por parte de integrantes del sindicato lucifuercista, reveló en un informe el periodista Federico Noguera.

Las suspicacias estaban vinculadas a cuentas bancarias de sus representantes que podrían haber ocasionado perjuicios económicos al propio gremio. En la denuncia figuraban los líderes del gremio –Suárez y su “número 2”, Molina Herrera- y otros integrantes del sindicato.

Del análisis preliminar realizado en octubre de 2019 por la División Investigación de Lavado de Activos, Gendarmería Nacional y dos expertos, se revisaron las copias de cheques librados contra la cuenta corriente que el sindicato registraba en el Banco Nación sucursal Córdoba. Quienes estaban autorizados a la firma y/o apoderados eran Fidelbo, Galván y Guzmán. En el informe se advirtieron “movimientos extraños” de libramiento y cobro de cheques en cuanto a los montos y beneficiarios de los mismos.

Tres presuntas formas

Según la investigación de Vidal Lascano, la defraudación se habría llevado adelante de tres formas. Una, mediante el libramiento de cheques a favor del gremio por parte de los integrantes de la conducción. Los cheques se cobraban o se endosaban a favor de los empleados sindicales Fidelbo, Galván y Guzmán. El destino de esos fondos percibidos sigue bajo investigación.

La segunda manera consistía aparentemente en librar cheques a favor de personas jurídicas con vínculos con el sindicato. En la presunta mecánica delictiva, un supuesto apoderado o autorizado de esa persona jurídica endosaba el cheque a favor de un tercero sin aparente vinculación con esa persona y/o a favor de los autorizados de la cuenta. En ese caso, tampoco subyace dónde terminaron los fondos.

La tercera modalidad, a su vez, habría incluido el libramiento de cheques a personas relacionadas directa o indirectamente con los imputados. Como parte de los supuestos ardides, Molina Herrera habría comprado fichas por 13.508.700 pesos en varios casinos de Córdoba y Santa Fe en un período que va de 2011 a 2015.

En los casinos

De acuerdo con Procelac, Molina Herrera habría realizado apuestas “considerables” en la ruleta. Al parecer, ingresaba a los casinos de Villa Carlos Paz, Río Ceballos, Villa María y Rosario con fichas y/o dinero y se retiraba con fichas pero sin pasar por las cajas públicas. Según trascendió, intermediaros realizaban el cambio de fichas. Para la UIF, la operatoria mencionada por Procelac podría considerarse como “inusual” y tendiente a “eludir normativas en materia de prevención de lavado de activos”.

Los más de 13 millones al parecer no guardarían “relación ni justificación” con los ingresos de Molina Herrera, a quien en los pasillos de Tribunales se lo conoce como “Lucky man” (hombre con suerte). Los montos, según el fiscal, provendrían de la supuesta defraudación al propio gremio.

En su momento, Vidal Lascano resolvió ampliar las imputaciones por supuesta defraudación en contra de Suárez (seis nuevos hechos), Molina Herrera (seis nuevos hechos) y Fernando Navarro, secretario de Organización y Actas (11 nuevos hechos). A este último se le suma un hecho por presunto lavado de activos de origen delictivo.

Con los elementos recabados, el fiscal también imputó a tres empleados sindicales, con lo que en total ya son 21 los acusados. Los nuevos imputados son Roque Daniel Tapia (secretario de Previsión Social), Daniel Edgardo Lozano (subsecretario de finanzas) y Victoria Molina (subsecretaria de Previsión Social e hija de Molina Herrera).

Los papeles, en algunas ocasiones, habrían terminado a su nombre como de terceros sin vinculación de acreencia aparente con el sindicato (jubilados, sin actividades comerciales declaradas o sin conexión con el gremio).

La sospecha de la fiscalía es que, en el caso de Navarro, habría comprado un vehículo y dos departamentos con las presuntas maniobras ilegales sin poder justificarlo con sus ingresos como empleado de Epec. La declaración de bienes personales de 2016 arrojó que el total de bienes llegaba a más de 3,2 millones de pesos. Entre los bienes y sus ingresos declarados, su patrimonio aumentó 550%.

Vidal Lascano destacó que, como en los otros casos, al parecer se cambiaban cheques a largo plazo (de cinco a siete meses), sin ser corrientes en el circuito comercial. A eso se sumaba, según sospecha el fiscal, que los cheques se cobraran en un mismo día. Las “sumas no eran destinadas al cobro de servicios sino que eran dadas a los efectos de desviar los fondos y luego hacerse de ellos”, planteó.

Posteriormente, en la causa aparecieron nuevos actores que habrían intervenido en las maniobras de defraudación: Tapia, Lozano y Victoria Molina. Entre julio de 2015 y junio de 2016, los tres y Navarro habrían intentado conseguir un “lucro indebido” en perjuicio de los intereses de los destinatarios del Fondo Compensador y el remanente creado destinado a jubilados y pensionados de Epec.

Las operatorias aparentemente ilícitas involucrarían dos maniobras sostenidas en el tiempo y mecanizadas. La primera habría consistido en darle al remante el Fondo Compensador un destino diferente al legal. La segunda, habría incluido otorgar préstamos de dinero desde el área de Fondo Compensador a otras áreas del gremio (Administración Central, Vivienda, Préstamo, Turismo, Cultura, Acción Social y Deportes).

“Teniendo en cuenta que el nuevo reglamento (…) dispone que no puede dársele al Fondo Compensador un destino distinto al legalmente establecido (distribuir la diferencia entre el haber jubilatorio y el 82% de su remuneración en el caso de jubilados y la diferencia entre los haberes que percibe y el 75%, en el caso de pensionados) puede inferirse (…) que las personas señaladas, violando sus deberes y valiéndose de las facultades legales que se les confirieron, habrían realizado préstamos desde el Fondo (…) a distintas áreas del sindicato (…) perjudicando patrimonialmente a los destinatarios del Fondo: los jubilados y pensionados”, señaló por entonces Vidal Lascano.

Los 20 procesamientos y los embargos:

Gabriel Suárez (sin preventiva): supuesto organizador de asociación ilícita, autos de lavado de activos de origen delictivo y coautor de defraudación por administración fraudulenta. Embargo por 10 millones de pesos.

Jorge Molina Herrera (sin preventiva): supuesto organizador de asociación ilícita, autos de lavado de activos de origen delictivo y coautor de defraudación por administración fraudulenta. Embargo por 10 millones de pesos.

Fernando Navarro (sin preventiva): supuesto organizador de asociación ilícita, autos de lavado de activos de origen delictivo y coautor de defraudación por administración fraudulenta. Embargo por 10 millones de pesos.

Alexis Daniel Fidelbo (sin preventiva): presunto miembro responsable de asociación ilícita y coautor de defraudación por administración fraudulenta. Embargo por 1 millón de pesos.

José Ramón Galván (sin preventiva): presunto miembro responsable de asociación ilícita y coautor de defraudación por administración fraudulenta. Embargo por 1 millón de pesos.

Oscar Fabio Guzmán (sin preventiva): presunto miembro responsable de asociación ilícita y coautor de defraudación por administración fraudulenta. Embargo por 1 millón de pesos.

Daniel Edgardo Lozano (sin preventiva): supuesto autor de defraudación por administración fraudulenta. Embargo por 5 millones de pesos.

Roque Daniel Tapia (sin preventiva): supuesto autor de defraudación por administración fraudulenta. Embargo por 5 millones de pesos.

Yanina Victoria Molina (sin preventiva): supuesta autora de defraudación por administración fraudulenta. Embargo por 5 millones de pesos.

Justiniano Omar Arce, Fernando Delfor Delgado; Gisela Dalinda Tahan; Liza Rocío Loyola, Rita Ivana Carranza, Juan Bernardo Benito Farías, Valentín Figueroa y Cecilia Ivone Pérez (sin preventivas): como presuntos partícipes necesarios defraudación por administración fraudulenta. Embargos sobre ellos por 500.000 pesos.

Enrique Lorente (sin preventiva): supuesto partícipe necesario de defraudación por administración fraudulenta. Embargo por 500.000 pesos.

Emilio Ricardo Chaer (sin preventiva): supuesto partícipe necesario de defraudación por administración fraudulenta. Embargo por 500.000 pesos.

Martín López (sin preventiva): supuesto partícipe necesario de defraudación por administración fraudulenta. Embargo por 500.000 pesos.