Reparto de poder en Consejo apuntala estrategia oficial para conseguir voto clave

Bloque mayoritario estrenó táctica para seducir a opositor “friendly”. Doble rol del senador. Debut servido, con juez acusado de proteger narcos. Casación, bajo fuego: eligió autoridades en medio de polémica y Carrió desenfundó el sable.

El aikido es un arte marcial japonés que se caracteriza por utilizar la fuerza del oponente para neutralizarlo mediante la habilidad del re-direccionamiento de su propia energía. El reparto de poder que el oficialismo plasmó para las nuevas autoridades del nuevo Consejo de la Magistratura puede asimilarse a una efectiva maniobra para garantizar el éxito de su combate. Sin sorpresas en la presidencia del órgano de selección y remoción de jueces con el nombramiento del camarista civil y comercial federal Ricardo Recondo, la estratégica comisión de Disciplina y Acusación recayó en el senador peronista Miguel Ángel Pichetto, un aliado táctico del bloque mayoritario para obtener el noveno voto indispensable para las decisiones clave. El Consejo dio el primer golpe de efecto con el puntapié para el juicio político al juez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, que será indagado el lunes como jefe de una asociación ilícita que protegía narcos y podría terminar preso. Mientras tanto, Comodoro Py exhibió un ambiente convulsionado en la Cámara de Casación, que también designó autoridades que arrancan embadurnadas por Elisa Carrió y con una mácula que tramita en el propio Consejo.

La vicepresidenta que secundará a Recondo (es usual que un juez presida el Consejo) será la abogada Marina Sánchez Herrero, cuya nominación como representante de los letrados del interior proviene de la factoría de Daniel “Tano” Angelici. En su primer plenario, el cuerpo estrenó autoridades y catapultó a Pichetto a la comisión que define el destino disciplinario de los jueces, algo habitualmente reservado a otros estamentos no políticos. Curiosidad, Pichetto ostentará un doble gafete: por un lado en la comisión que puede impulsar la destitución de un magistrado, pero por otro lado como capataz del bloque de senadores que deben prestar aval para el éxito del nombramiento de los jueces que son escogidos por el Poder Ejecutivo. Casi como estar en las dos puntas del proceso que influye en los integrantes del Poder Judicial. A cargo de la comisión de selección quedó Juan Manuel Culotta, representante por los jueces de la línea interna Compromiso Judicial, una de las vertientes más beneficiadas por los nombramientos, traslados y designaciones en la gestión Cambiemos. Su enlace es el abogado presidencial Alejandro Pérez Chada, que lo acerca al influyente secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas.

La Comisión de Administración (que tiene injerencia en los fondos del Consejo) quedó para otro de los abogados, Juan Pablo Más Vélez, originario de Franja Morada e integrante de una fórmula que conquistó a los abogados porteños con aval de la Casa Rosada. La menos relevante, de Reglamentación, fue la única que quedó para una oficialista: la senadora radical Olga Inés Brizuela y Doria.

Tal como había informado Ámbito Financiero, pese al triunfo del PJ, que sobre la hora le arrebató un consejero a Cambiemos mediante un acuerdo parlamentario, las mayorías oficialistas solidificaron sus engarces con otros estamentos como jueces, abogados y académicos como en ninguna otra integración previa, y tienen chance de abrevar el noveno voto para la mayoría absoluta en varias de las tribus opositoras que accedieron a una banca.

Soto Dávila le dio la posibilidad de lucirse a Pichetto en su primera intervención. Con una orden de detención en las espaldas, sus dos secretarios y cuatro abogados acusados de proteger a una banda de narcotraficantes ya fueron detenidos. Apenas pierda su blindaje a manos del Consejo seguirá los mismos pasos, luego de su indagatoria postergada para el lunes.

Todo este escenario también se complementó con la llegada de un nuevo presidente a la Cámara Federal de Casación Penal. El radical Juan Carlos Gemignani, célebre por haber ordenado la detención de una secretaria letrada presidirá el máximo tribunal penal. Fue recientemente sobreseído por el supuesto desconocimiento que tenía de que “su conducta era antinormativa”. En fila, se opusieron Ángela Ledesma (a la que le tocaba ser presidenta, pero el Gobierno le bajó el pulgar), Gustavo Hornos (que también ambicionaba un lugar como segundo), Alejandro Slokar, Ana María Figueroa y Guillermo Yacobucci. Casi la mitad.

En el mando del edificio de Comodoro Py y todo lo que allí se mueve lo secundará durante 2019 el trasladado Carlos Mahíques, uno de los sobrevivientes de la polémica por jueces que sin atravesar concurso para ser federales terminaron en lugares estratégicos gracias al voto de la mayoría simple del Consejo. Pichetto tendrá que ver qué hace con el expediente disciplinario contra Gemignani en el Consejo que viene en slow motion desde la gestión anterior. Allí lo habían denunciado el gremio de empleados judiciales que preside Julio Piumato y la propia Asociación de Magistrados que representa Recondo, además de la Asociación de Mujeres Juezas, por su accionar contra la secretaria detenida por no acatar su orden. A Mahíques no le fue mucho mejor ayer: Elisa Carrió le pidió el juicio político como otra muestra de berrinche contra el oficialismo, por la decisión de la Sala de Casación de absolver a Carlos Menem por la venta de armas a Ecuador y Croacia. Lo acusó de mal desempeño y arbitrariedad junto a Liliana Catucci y Eduardo Riggi..