Saquen una hoja

El lunes 13 de agosto aterrizarán en Ezeiza los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, liderados por el jefe de misión, Roberto Cardarelli, para iniciar la primera auditoría trimestral del cumplimiento de las “metas cuantitativas” y las “condicionalidades estructurales” comprometidas por el gobierno de Mauricio Macri a cambio de la línea de crédito stand-by de hasta US$ 50.000 millones, que le concedió el Fondo en junio.

Del resultado satisfactorio de esa revisión depende que el gobierno pueda conseguir un segundo desembolso de US$ 3.000 millones el 15 de septiembre, antes de que se le acabe la porción de libre disponibilidad de los US$ 15.000 millones que obtuvo con el primer desembolso, hace apenas dos meses.

Por suerte para Nicolás Dujovne, Luis Caputo y los demás integrantes del equipo económico que deberán sacar una hoja, las cifras que la mesa examinadora del Fondo tendrá en cuenta para poner la nota del parcial son las cerradas al 30 de junio y no las más recientes que abruman las secciones de economía de los diarios que se venden en el kiosco del aeropuerto.

Para sorpresa de unos cuantos economistas serios, y de casi nadie más, la “calma” tras el “tormentón” (sic Macri) era el ojo del huracán. En las últimas 48 horas, el dólar minorista saltó de los apacibles $28 pesos a los inquietantes $30, y el riesgo país, que mide la diferencia entre la tasa de interés del bono a diez años de plazo de los Estados Unidos y la de un bono de la misma duración de la Argentina, alcanzó los 700 puntos básicos, el nivel más alto desde febrero de 2015, cuando el gobierno anterior resistía la extorsión de los fondos buitre y el extravagante juez Griesa tildaba a nuestro país de defaulteador serial crónico. Según dicho indicador, el mercado internacional de capitales le cobraría al gobierno de Macri más de diez por ciento de interés por financiarlo en dólares a largo plazo. Pero esa es apenas la tasa teórica implícita en función del volumen de los bonos argentinos que ya están en circulación. Cualquier nueva emisión elevaría ese costo hasta una altura irrespirable.

El eclecticismo de la sucesión de acontecimientos externos a los que se atribuye la persistencia de la crisis –el aumento del precio del barril de petróleo, las subas de la tasa de la Reserva Federal, el belicismo comercial de Donald Trump, la devaluación de la lira turca– confirma que su denominador común doméstico es la política económica de Macri. Ningún gobernante de un país periférico debería azorarse o rezongar porque en el mundo “pasan cosas”. Lo eligieron para ocuparse de ellas, neutralizarlas si fuera preciso.

Hasta el propio Fondo lo vió venir. En el punto 45 del entusiasta informe preparado por su staff para recomendar el otorgamiento del stand-by, los técnicos del organismo susurraron una advertencia: “Existen riesgos inherentes… vinculados al tiempo que insuma recuperar la confianza del mercado, especialmente si la causa es una abrupta estrechez de las condiciones financieras globales. En caso de que los mercados percibieran al programa del Fondo como una oportunidad para fugarse de los activos argentinos, inevitablemente provocaría una devaluación real significativa, tasas de interés mucho más altas y tasas de crecimiento más bajas. Dicho escenario incrementaría los riesgos de sustentabilidad de la deuda”. No deben haber ayudado a recuperar esa confianza las declaraciones de James Mc Cormack, Jefe Global de Calificaciones Soberanas de la calificadora Fitch Ratings, quien, de paso por Buenos Aires, opinó el jueves que  “las condiciones financieras globales se están tornando más estrictas”, como temía el Fondo, y “la Argentina es un buen ejemplo de un país vulnerable a esos cambios por el gran requerimiento de financiamiento externo en moneda extranjera”, por lo que “no hay ninguna perspectiva de un upgrade de su calificación de riesgo en ningún tiempo cercano”.

El gobierno ha sazonado con impericias tácticas el caldo de cultivo de su política cambiaria. Atemorizado, con razón, por la amenaza latente de otra corrida, al principio Dujovne instruyó al Banco Central que vendiera en el mercado de cambios US$ 100 millones diarios de los US$ 7.500 millones que el Fondo le había prestado para cubrir el déficit fiscal en pesos. Semejante regularidad fue un error por dos razones: se notaba demasiado que la frecuencia rutinaria no obedecía a necesidades fiscales naturalmente variables, sino a la demanda constante de dólares, y le fijaba una fecha precisa de vencimiento a los recursos del Fondo. La semana pasada el Ministro se jugó a estirar el cronograma anunciando que reduciría a US$ 50 millones el monto de las subastas diarias. Si hubiese ganado la apuesta, el siguiente paso del equipo económico habría sido empezar a bajar la tasa de las LEBACs. Pero perdió, y cuesta imaginar que en la licitación del próximo martes 14 el Banco Central pueda ofrecer un rendimiento inferior si pretende renovar el grueso del stock.

Las planillas que aguardan a los funcionarios del Fondo en los despachos que ocuparán en el Banco Central mientras dure su visita incluyen cifras que se aproximan peligrosamente al más adverso de los escenarios proyectados por la documentación del stand-by. Dos ejemplos: las reservas brutas que, según el escenario normal (“base”, en la jerga del Fondo), deben llegar a fin de año a US$ 65.419 millones, ya cayeron más de US$ 6.000 millones desde que se firmó el acuerdo y suman US$ 56.870 millones, cada vez más cerca de los US$ 54.277 millones estimados en el escenario “adverso”. Al 30 de junio, la inflación anual acumulada medida por el INDEC fue 29,5%, que no sólo es más alta que el 27% prometido por el gobierno, sino que también supera el límite “inferior” de 29% que dispara su obligación de “discutir con el staff del Fondo la respuesta de política apropiada”. Y la mayoría de las estimaciones coinciden que la inflación a fin de año excedería el límite “superior” de 32%, lo cual frenaría los desembolsos adicionales del stand-by hasta tanto “las autoridades realizaran una consulta con el Directorio Ejecutivo del Fondo” sobre las razones del desvío y las “acciones correctivas propuestas”.

En tal caso, si al gobierno le diera trabajo identificar acciones correctivas adecuadas, podría consultar el Documento de Trabajo del FMI – Evaluando el impacto de reformas estructurales mediante una matriz del lado de la oferta: El caso de Argentina, difundido por el Fondo hace una semana. La Tabla 1 del documento contiene una extensa lista de reformas estructurales recomendadas, incluyendo rebajar tarifas aduaneras, eliminar controles de precios, negociar tratados de libre comercio, reducir impuestos y reemplazar la indemnización por despido con un seguro de desempleo. En la portada del documento se aclara que “las opiniones expresadas en los Documentos de Trabajo del FMI son las del autor y no representan necesariamente las opiniones del FMI, su Directorio Ejecutivo o su gerencia”, pero se agrega un dato de interés para cualquier funcionario argentino que deba confrontar puntos de vista con la mision del Fondo a partir del lunes: su autora es una de las integrantes de la misión argentina, Lusine Lusinyan, y el documento fue “autorizado para distribución” por su jefe, Roberto Cardarelli.

 

Roberto Cardarelli (izquierda, dialogando con Alfredo Cornejo) y Lusine Lusinyan (de rojo, tomando nota)

 

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