Schiaretti, con modelo propio para la ley de ART

El Gobierno provincial envió un proyecto de ley a la Unicameral que establece una adhesión condicionada a la nueva norma. Apuesta a más comisiones médicas y elude la última instancia obligatoria que fijó un decreto nacional para reducir la litigiosidad.

La Provincia adherirá con un “modelo a la cordobesa” a la nueva Ley de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) que impulsó el presidente Mauricio Macri, con el objetivo de combatir la denominada “industria del juicio”.

El proyecto local atenúa los cepos que establece la normativa nacional para reducir las demandas por accidentes o enfermedades de trabajo. Según la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (Uart), el año pasado se iniciaron 127.503 juicios, 20 por ciento más que en 2015.

ART. La variante cordobesa para la nueva ley 

ANÁLISIS. Apoyo a la ley macrista, con sello peronista

 

Juan Luis Bour, economista jefe de Fiel, destacó que hay actividades en las que, por la alta litigiosidad, la prima del seguro es más alta.Aunque el gobernador Juan Schiaretti está en sintonía con Macri, decidió adherir con sello propio y priorizando la protección de los trabajadores, en un año electoral en el que el justicialismo busca marcar diferencias.

El proyecto se trataría la semana próxima en la Legislatura, y el PRO presentó su propia iniciativa que cuenta con el apoyo del interbloque de Cambiemos, para impulsar la adhesión a la ley nacional, con adecuaciones al código de procedimientos laboral local.

“El proyecto del Ejecutivo provincial es una solución a medio camino”, objetó la legisladora Soher el Sukaria, autora del proyecto macrista.

A fines de 2009, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el superintendente de Riesgos del Trabajo, Juan González Gaviola, vino a Córdoba y amenazó con presentar una denuncia ante la Justicia federal por la alta litigiosidad laboral en la provincia. A partir de esa intervención, el Tribunal Superior de Justicia motorizó una investigación.

En 2011, el fiscal Enrique Gavier imputó a abogados y a médicos por una millonaria defraudación contra la ART Provincia, que cubría a los empleados de la Municipalidad de Córdoba, causa que está elevada a juicio. Después vinieron otras investigaciones que están en curso.

Qué cambió

El Gobierno nacional modificó aspectos clave de la ley 24.557 de Riesgos del Trabajo a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) y pidió la adhesión de las provincias, ya que esa legislación es una competencia no delegada a la Nación.

El DNU de la nueva norma nacional –que ya contaba con media sanción del Senado– dice expresamente que apunta a bajar la cantidad de juicios por accidentes de trabajo y, por esa vía, disminuir la alícuota que pagan las empresas a las ART por la cobertura del sistema, que en promedio es del 3,25 por ciento de la masa salarial.

El cambio más relevante es la obligatoriedad del trabajador accidentado de presentarse ante las comisiones médicas del sistema de su jurisdicción y apelar –si no está de acuerdo con el dictamen– ante la Comisión Médica Central (con sede en Buenos Aires) antes de iniciar cualquier juicio.

En la anterior legislación, que todavía rige en Córdoba, los trabajadores podían ir directamente a la Justicia sin la obligatoriedad de pasar por esas comisiones.

El pedido de adhesión de la Nación generó inicialmente un rechazo de la CGT Regional Córdoba, que ahora anunció que apoyará el proyecto provincial por los cambios introducidos.

El más firme oponente es el Colegio de Abogados de Córdoba, que incluso tiene presentado ante la Justicia federal de Córdoba una acción de inconstitucionalidad contra la nueva normativa. En el Centro Cívico también se abrió un debate con fuertes reparos a la adhesión lisa y llana por parte de los ministros de Justicia, Luis Angulo, y de Trabajo, Omar 
Sereno.

Tras arduas conversaciones en las que participó también el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, el gobernador Juan Schiaretti se pronunció por “una adhesión a la cordobesa” que establezca un sistema “equilibrado que garantice la protección del trabajador” y evite al mismo tiempo las demandas laborales fraudulentas.

El proyecto del Ejecutivo provincial propicia una adhesión condicionada a la norma nacional y también pone el foco en el funcionamiento de las comisiones médicas, que en la actualidad están en la órbita exclusiva de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

La iniciativa supedita la ad hesión a la norma nacional a la participación de la Provincia en las comisiones médicas y a la ampliación del número de comisiones.

Hoy por hoy, para atender la demanda hay tres comisiones para Capital y todo el interior. El proyecto propone elevarlas a 11, en coincidencias con las circunscripciones judiciales.

Por su parte, fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) evaluaron como “razonable y equilibrado” los términos en los que propone adherir la Provincia y consideraron que, si las comisiones médicas funcionan bien, se frenará la industria del juicio.

Vía judicial garantizada

A diferencia de la ley nacional, que establece que ante la falta de acuerdo con el dictamen de la comisión médica local existe la obligación de interponer un recurso a la comisión central (con sede en Buenos Aires), el proyecto cordobés abre el camino al demandante para ir en forma directa a la Justicia provincial, sin tener que pasar por Buenos Aires.

Si las aseguradoras no estuvieran de acuerdo con un dictamen de la comisión médica local y apelaran ante la central, esos recursos no tendrían efecto suspensivo y las indemnizaciones deberían ser abonadas.

La variante local

Los puntos clave de la iniciativa oficial enviada a la Legislatura.

CONVENIOS. El Ejecutivo provincial realizará convenios con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para que las comisiones médicas actúen como instancia prejudicial, con una supervisión conjunta.

AUMENTO. Se propone elevar de tres a 11 el número de comisiones médicas en la provincia.

PARTICIPACIÓN. En la comisión médica podrá estar el trabajador afectado con patrocinio de abogado y asistencia de médico de control.

JUDICIALIZACIÓN. Agotada la vía administrativa se prescinde, como lo fija la ley nacional, de la obligatoriedad de ir en recurso a la comisión central en Buenos Aires.

ART. Los recursos que interpongan las ART no tendrán efecto suspensivo respecto de la incapacidad determinada para el trabajador y del monto por pagar y sólo lo tendrán al efecto devolutivo.

COSA JUZGADA. Si las partes acuerdan en la comisión médica, tal resolución tendrá el carácter de cosa juzgada administrativa y quedará concluida la controversia.

DEMANDA. En la vía judicial, el trabajador deberá acompañar el certificado médico, grado de incapacidad y calificación legal, y acreditar el fin de la vía administrativa.

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