Una causa por corrupción judicial que no llega al banquillo

Hace siete años que se espera juzgar a un grupo de abogados y de funcionarios judiciales. Están acusados de montar una presunta industria del juicio en Cruz del Eje.

Entre el paso del tiempo, la incertidumbre y el escepticismo ha quedado la denominada “megacausa” de Cruz del Eje, investigación que tiene desde hace ya largos nueve años a nueve imputados por supuesta corrupción, en los tribunales de Justicia de esa ciudad.

Pese al tiempo transcurrido, aún no hay precisiones sobre el juicio oral y público que se debería realizar.

Fuentes judiciales de Deán Funes, cuya Cámara del Crimen es la que se encargará de ventilar este complejo proceso judicial, informaron que “el tribunal se abocó a esta causa, pero al momento esta se encuentra a resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que debe resolver un incidente planteado por la defensa”.

En definitiva, ya pasó otro año sin mayores avances.En todo este tiempo, se fueron acumulando incidentes judiciales que la dilatan en extremo.

La investigación se remonta a 2007, cuando Fátima Ponce, exesposa de Eduardo Bagnarelli –uno de los abogados involucrados–, del que acababa de divorciarse, realizó denuncias judiciales y públicas sobre una supuesta y compleja trama de corrupción tribunalicia, de acuerdo con lo que consta en el hoy voluminoso expediente de 39 cuerpos.

La mujer disparó contra varios altos funcionarios judiciales de Cruz del Eje, a los que señaló como supuestos cómplices, apuntando tanto al Juzgado Civil como a la cámara del mismo fuero, que finalmente no resultaron involucrados en la causa, luego de un análisis y una resolución del TSJ.

Ponce acusó que abogados del fuero local y los funcionarios habían instaurado “una industria del juicio” con el objetivo de lograr fallos indemnizatorios millonarios en casos contra el Estado provincial por daños y perjuicios.

Incluso, aseguró que también se estafaba a los clientes al momento de cobrar estas indemnizaciones.

La causa de la supuesta “industria del juicio”, que fue instruida en distintos momentos por los fiscales Sergio Cuello y Martín Bertone, terminó con nueve imputados elevados a juicio en 2009.

Al final, la causa quedó en manos del director investigativo, el fiscal de Cámara de Deán Funes Hernán Funes, acompañado por su par de Cruz del Eje, Haydeé Gersicich, y el equipo de trabajo integrado, en aquel entonces, por la secretaria Ana Díaz y el prosecretario Néstor Lingua.

Fue Funes quien ordenó la detención por ocho meses de los abogados Carlos Bagnarelli, Eduardo Bagnarelli, Horacio Capdevila y Carlos Munuce, que ya recuperaron la libertad.

En su momento, entidades rurales del noroeste provincial organizaron una manifestación en las puertas de los tribunales cruzdelejeños para apoyar la investigación.

Figuras penales

Los cargos que pesan contra los imputados, hoy todos en libertad, son variados.

El abogado Carlos Edgar Bagnarelli debe responder por “defraudación por administración fraudulenta reiterada (tres hechos); uso de documento privado equiparado a público falso y tentativa de estafa procesal; estafa; uso de certificado médico falso y tentativa de estafa procesal”.

Al también abogado Eduardo Arístides Bagnarelli se le endilgan los supuestos delitos de “defraudación por administración fraudulenta reiterada (tres hechos); uso de documento privado equiparado a público falso y tentativa de estafa procesal; estafa; robo de energía y falsedad por destrucción de instrumento público destinado a servir de prueba; amenazas; agresión con toda arma, calificada, y amenazas”.

El resto de los imputados son el abogado Carlos Daniel Munuce (“uso de documento privado equiparado a público y tentativa de estafa procesal; estafa; uso de certificado médico falso y tentativa de estafa procesal”); el abogado Horacio Edgar Capdevila (“coacción; uso de certificado médico falso y tentativa de estafa procesal”)”; la empleada judicial María Cristina González (“tentativa de estafa procesal); el empleado judicial Arturo Ordoñez (“supresión de instrumento público”); el médico Raúl Adrián Porto (“emisión de certificado médico falso y tentativa de estafa procesal”) y los comerciantes Julio Ernesto Sarmiento (“tentativa de estafa procesal”) y José Ángel Rosales (“falsificación de instrumento público y tentativa de estafa procesal).

× ¿Querés comunicarte con Mystica?